Acerca de la posibilidad de suspender el servicio educativo por el impago de pensiones

Por: Lorena Ramírez

I.- De porqué no es lícito suspender el servicio educativo ante el impago de pensiones.

La Ley 27665, Ley de protección a la economía familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos privados, de 17 de enero de 2002, contiene primeramente, una prohibición general respecto de determinados tipos de métodos coercitivos para el pago de pensiones:

Artículo 4: “Para el cobro de pensiones, los Centros y Programas Educativos Privados de todos los niveles así como los de Educación Superior no universitaria están impedidos del uso de fórmulas intimidatorios que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la personalidad de los alumnos”

Además la Ley 27665 también introduce prohibiciones expresas en el texto de la Ley 26549, Ley de Centros educativos privados. Así tenemos, que conforme al texto del art. 16 de la Ley 26549, luego de la modificatoria introducida por el art. 2 de la Ley 27665:

 “Artículo 16: Los Centros y Programas Educativos no podrán condicionar la atención de los reclamos formulados por los usuarios, ni la evaluación de los alumnos, al pago de las pensiones. En este último caso, la institución educativa puede retener los certificados correspondientes a periodos no pagados siempre que se haya informado de esto a los usuarios al momento de la matrícula”.


Desde su entrada en vigencia, estas disposiciones de la Ley 27665 fueron interpretadas en el sentido de que los Colegios sólo tenían como única arma para el cobro de las pensiones: retener los certificados correspondientes a los periodos no pagados. Lo cual traía como consecuencia que sólo pudiesen cobrar eficazmente las pensiones adeudadas por los alumnos de quinto de secundaria puesto que eran estos los únicos que requerirían de sus certificados para seguir estudios superiores, aparte de otros supuestos de traslado de centro.

Entre otras reacciones sociales a la norma, el Consorcio de Colegios Católicos del Perú envió un comunicado al Congreso de la República pidiendo se introdujese una modificación en la Ley 27665 que permitiera suspender o dar por terminado el servicio educativo ante el no pago de las pensiones. Se aducía que con la sola posibilidad de estar facultados a hacerlo y así comunicarlo a los padres de familia, estos se pondrían al día en el pago de sus pensiones. Era pues claramente entendido que el texto de la Ley 27665 no permitía este tipo de medidas

Es en este contexto que se emitió el Decreto Supremo 005-2002-ED, hoy derogado. Este Decreto Supremo tenía entre sus fines reglamentar la Ley 27665 introduciendo modificaciones en el articulado del Decreto Supremo 001-96-ED, Reglamento de los Centros y Programas Educativos Privados. Al momento de reglamentar la Ley 27665, el Decreto Supremo 005-2002-ED introduce el siguiente artículo 23 en el Decreto Supremo 001-96-ED:

“Artículo 23 del Decreto Supremo 001-96-ED – Transcurridos dos meses en los cuales el padre de familia o el apoderado no hubiera cumplido con la cancelación total de las obligaciones a su cargo, el centro educativo puede citar a una reunión para dar tratamiento al problema, en la cual se podrá suscribir un acuerdo que establezca nuevos mecanismos de pago. De incumplirse dicho cronograma de pago o de no lograrse ningún entendimiento, el Centro Educativo estará facultado para suspender el servicio educativo”.

Es importante tener en cuenta que desde entrada en vigencia de esta disposición que permitía suspender el servicio educativo ante el impago de pensiones, se criticó la legalidad de la misma. Las principales críticas que se hacían a esta disposición eran:

–              Que el supuesto reglamento de la Ley 27665 contravenía las disposiciones de la Ley que estaba llamado a reglamentar o desarrollar. Existía un consenso en cuanto a que las disposiciones de la Ley 27665 no permitían la suspensión del servicio educativo. Si la Ley no lo permitía, por no recogerlo en el art. 16 arriba trascrito y por ir contra la prohibición general del art. 4 igualmente transcrito líneas arriba, ¿cómo podía autorizarse suspender el servicio por vía reglamentaria?.

–              Conforme al rango legal de las normas, una Ley –la 27665- no puede modificarse por un Decreto Supremo –entonces el 005-2002-ED.

Los comentarios a esta norma que autorizaba suspender el servicio educativo eran unánimes, en el sentido de que tal posibilidad estaba fuera de lo permitido por la Ley 27665.

En el caso de una controversia judicial acerca de cual norma resultaría aplicable: el art. 4 de la Ley 27665 o el Decreto Supremo 005-2002-ED, el juez aplicaría la Ley.

Hay que tener en cuenta que la Ley 27665 por un lado sólo hace referencia a la posibilidad de retener los certificados por los periodos impagos, y por otro lado en su artículo 4 establece una prohibición general conforme a la cual:“Para el cobro de las pensiones, los Centros y programas Educativos privados …

están impedidos del uso de fórmulas intimidatorios que afecten el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la personalidad de los alumnos”. Y como es obvio la suspensión del servicio educativo afecta el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo, que no puede darse si no se imparten clases al alumno y que puede ocasionar que dichos alumnos pierdan el ciclo o año académico iniciado o por concluir.

De ahí que la derogación del artículo 23 del Decreto Supremo 001-96-ED introducido por el Decreto Supremo 005-2002-ED no es casual, sino que constituye la derogación de un dispositivo que contravenía la Ley 27665 y que por tanto podía dejar de aplicarse a través de un control difuso de la legalidad.

II.- Tras la derogación del art. 23 del Decreto Supremo 001-96-ED, que establecía un procedimiento para suspender el servicio educativo, ¿podemos entender que los Colegios siguen autorizados a ejercer este método coercitivo del pago de pensiones?, o ¿podemos entender que los Colegios vuelven a estar autorizados a condicionar el acceso a clases al pago de pensiones impagas sin procedimiento ninguno?

En nuestra opinión, no, hasta por un triple orden de consideraciones. En primer lugar, la suspensión del servicio educativo va contra lo dispuesto en la Ley 27665 en tanto se trata de un mecanismo no autorizado expresamente por ésta y que además se encuentra dentro de la prohibición del art. 4 de la misma por tratarse de una fórmula que afecta el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo.

Por otro lado, cierto es que el art. 6.e) del Decreto Supremo 004-98-ED, en su redacción dada por el Decreto Supremo 001-98-ED de fecha 12 de mayo de 1998 considera como infracción grave:

“Condicionar la evaluación del alumno al pago de pensiones, dejando a salvo el derecho de la institución educativa a retener los certificados correspondientes a periodos no pagados o a aplicar las demás medidas previstas en su reglamento, respecto al incumplimiento de los pagos siempre que hayan sido informadas a los usuarios al momento de la matrícula”. Sin embargo, es igualmente errado pensar que en base a esta norma, actualmente puede seguirse adoptando la medida de suspensión del servicio educativo, por el sólo hecho de que la misma esté prevista en el reglamento del Colegio. En este sentido, en el reglamento de los Colegios deben recogerse las medidas expresamente permitidas por la Ley 27665 y otras que no vayan contra lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 27665 por afectar el normal desenvolvimiento del desarrollo educativo y de la personalidad de los alumnos. El Reglamento del Colegio debe observar lo dispuesto por la Ley 27665 y conforme a sus disposiciones no cabe la suspensión del servicio educativo.

Y por último, el art. 6.e del Decreto Supremo 004-98 no puede interpretarse de forma contraria a la Ley 27665 por una cuestión de rango y de antigüedad. Se trata de una norma de menor jerarquía y anterior a la entrada en vigencia de la Ley 27665.

III.- De la persecución de este tipo de conductas.

La supervisión del cumplimiento de la Ley 27665 está básicamente confiada a la autoridad competente del Ministerio de Educación. Sin embargo, el INDECOPI también interviene en la medida en que las conductas a su vez puedan tipificarse como una vulneración a los derechos de los consumidores recogidos en el TUO del Decreto Legislativo 716  Ley de Protección al Consumidor. En este sentido, el Tribunal de Defensa de la Competencia ha entendido, con razón, que la vulneración a las disposiciones de la Ley de protección de la economía familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos privados (Ley 27665), constituye una vulneración al derecho que tiene el usuario de servicios educativos a la Protección de sus intereses económicos, mediante el trato equitativo y justo en toda

transacción comercial, derecho previsto en el art. 5.d) del TUO del Decreto Legislativo 716.

Así mismo, el mencionado órgano administrativo en Resolución N. 0281-2009/SC2-INDECOPI, confirmó la Resolución 334-2008/INDECOPI-PIU emitida en el caso de la institución educativa Harvard College, en el cual se sancionó a este centro con una multa de 50 UITs, por falta de idoneidad al retirar a los alumnos durante el horario de clases, por suspender el servicio educativo y por el cobro anticipado de pensiones.

Lorena Ramírez Otero es Abogada por la Universidad de Piura. Doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña (España). Profesora de Derecho Mercantil. Miembro de la Comisión de INDECOPI en Piura. Directora de la Revista de Derecho de la Universidad de Piura.