Ita Ius Esto - Revista de Derecho integrada por alumnos de la Universidad de Piura

Anotaciones sobre el Proceso Inmediato

 

 

Por: Antonio Joel Querevalu  Mendives[1]

I.- Planteamiento de la problemática.

Es objeto de las presentes líneas analizar como se viene aplicando el proceso inmediato, concretamente, en el supuesto establecido en el art. 446º.1.C del Código Procesal Penal del 2004, que textualmente indica: “(…) los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y previo el interrogatorio del imputado, sean evidentes (…)”, ello quiere decir, que uno de los supuestos habilitantes para el proceso inmediato es que existe suficiencia indiciaria de la comisión del delito y exista previo interrogatorio del imputado; lo cual ha sido interpretado por muchos jueces, que no basta el solo emplazamiento del imputado –como estamos postulando-, sino que, debe recabarse la “declaración” del investigado, como lo indica literalmente la norma en mención, siendo más complicado en los casos de violencia familiar, en donde el agresor, muchas veces, esta renuente a declarar y no se le puede coaccionar a que sea interrogado.

 II.- Antecedentes.

De inicio tengamos claro, que los procesos breves y sumarios, cuando existen casos de flagrancia aunado a una suficiente evidencia de la comisión del delito por parte del imputado, fueron implantados hace tiempo en el Derecho comparado, bajo otro rótulo, como nos refiere MANZINI, “(…) deben proceder con instrucción sumaria cuando el imputado ha sido sorprendido en flagrancia o ha cometido el delito mientras estaba arrestado o detenido (…) deba además proceder con instrucción sumaria (…) cuando el imputado en el interrogatorio ha confesado haber cometido el delito y no aparezcan como necesarios ulteriores actos de instrucción (…)[2]. En la misma línea apunta ARBULU MARTINEZ, “(…) antecedentes de este proceso es el Giudizio inmediato que está regulado por el código procesal procedura penal Italiano, que en el artículo 453 dice que se puede solicitar juicio inmediato cuando: 1.- Cuando la evidencia es clara (…) 2.- si la persona objeto de investigación fue interrogada acerca de los hechos y emergen evidencias contra ella; 3.- cuando lo solicita el acusado. El tribunal conforme al art. 455 y dentro de cinco días, emite autorizando el juicio inmediato (…)”.[3] En Argentina está regulado bajo el nombre de procedimiento abreviado, sobre el particular señala JAUCHEN, “(…) los antecedentes en el Derecho Comparado solo tienen filiación en lo relativo a posibilitar la sanción sustantiva con exclusión de la etapa de juicio o debate, pero se diferencian en los presupuestos y tramite, incluso en la naturaleza de la sanción así arribada. Es lugar común en la doctrina mencionar a este respeto al plea bargaining del derecho norteamericano (…) las acogidas por la Ordenanza Procesal Penal Alemana, y la Ley de Enjuiciamiento Penal Española, estas últimas con mayor apego al principio de legalidad y al control jurisdiccional, y generalmente para casos de flagrancia, bagatela y en general de menor gravedad (…)”,[4] de manera que siempre ha existido la preocupación por establecer procedimientos ágiles que compatibilicen la eficacia con el garantismo para delitos de bagatela.

 Ahora bien, la institución jurídica del proceso inmediato, actualmente, se ha convertido en una de las figuras legales que genera posiciones encontradas en la literatura especializada, y que hasta la fecha no han sido reconciliadas, sino que, por el contrario, siguen agudizándose, así tenemos que, por ejemplo, los que están a favor sostienen que el proceso inmediato, no es un procedimiento inconstitucional y la legitimidad del mismo depende esencialmente de su correcta aplicación por parte de jueces, fiscales y abogados litigantes. La norma antes citada, modifica un mecanismo de simplificación procesal, que es útil y legítimo desde una perspectiva político-criminal. A través de él se busca procesar y juzgar casos sencillos, en los que se cuenta con evidencia delictiva suficiente.[5] En tanto que, los que lo cuestionan, sostienen que un Estado Constitucional de Derecho garantiza al imputado y su defensa material la posibilidad de contradecir, es suficiente con configurar esa situación procesal, y no significa que necesariamente se materialice en una posición o resistencia efectiva, sino que, es suficiente con generar una situación procesal que posibilite un contradictorio procesal.

Con el proceso por flagrancia simplemente desaparece esa posibilidad. La constitucionalización del proceso inmediato reformado es una tarea del momento actual, en la aplicación de cada uno de sus dispositivos. Precisamente una interpretación conforme a la Constitución y a la Convención, será la que oponga resistencia a la perversión del proceso inmediato en una expresión actual del Derecho Procesal del enemigo.[6]

Por otro lado, la primera interrogante que fluye de la institución en análisis es ¿Cómo se originó el proceso inmediato?, así pues, tenemos que la creciente inseguridad que atraviesa nuestro país, al igual que muchos otros países de Latinoamérica producto, en su gran mayoría, a la delincuencia patrimonial que se produce en lugares públicos y de escasa presencia de las fuerzas del orden, ha causado una enorme alarma social,[7] lo que ha obligado al Estado a dar respuestas efectivas y rápidas para contener el avance criminal, y es dentro de este contexto que aparece el proceso inmediato, el cual surge como un mecanismo que busca alcanzar una justicia de calidad, esto es, una justicia pronta y oportuna. Dicho origen en nuestra sociedad, se recubre de legitimidad en la medida que se busca llevar a juicio, un caso en el que la discusión sobre la comisión o no de hechos resulta superflua, dado que el Ministerio Público tendría en sus manos elementos suficientes para crear en el Juez la certeza necesaria para condenar al imputado, no siendo necesario -a criterio del órgano persecutor-, dilatar innecesariamente el tiempo en actos de investigación, por cuanto se cuenta con lo mínimo para acreditar su teoría del caso.

Para ARAYA VEGA,[8] existe una relación interesante a nivel criminológico: a mayor tiempo de duración de los procesos, mayor es la incidencia criminal y menor la posibilidad de éxitos en una condena. De forma inversa se tiene que, a menor tiempo de resolución judicial, menor es la incidencia criminal y mayor es su efectividad. Con la superación del sistema inquisitivo y mixto; la asunción de los modelos acusatorios en Latinoamérica, el resultado en los países ha sido parecido: se ha dado un aumento de la litigiosidad judicial, un aumento de la carga procesal, retraso judicial, desconfianza ciudadana en el sistema de justicia, disminución de la eficiencia y eficacia judicial, desvinculación procesal de las víctimas y testigos; mayores costes en la tramitación de asuntos entre otros.

En la misma línea de pensamiento, ORE GUARDIA afirma que, el proceso inmediato tiene una lógica de celeridad basada en la contundencia de los cargos;[9] sea por confesión, por evidencia fuerte o por detención en flagrancia (y por ello se señala que no puede haber cuestionamiento razonable alguno sobre si un hecho fue flagrancia o no: justo porque da paso a una serie de consecuencias muy serias sobre el proceso y el procesado). Es así que si falla la configuración de uno de los presupuestos procesales que tiene el proceso inmediato, entonces ya no es legítimo instaurarlo,[10] y debe procederse al proceso común.

III.- Definición de Proceso Inmediato.

El proceso inmediato se encuentra regulado en los numerales 446º, 447º y 448º del Código Procesal Penal del 2004, sin embargo, su origen procedimental lo encontramos en el Código Italiano de 1988, que regula el giudizzio direttisimo (para detenciones en flagrancia, confesión del imputado del hecho delictivo) y el giudizzio inmediato (obtención de prueba evidente y suficiente de atribución), institutos atraídos al Perú y correlacionables con la acusación directa y proceso inmediato. Dicho mecanismo de simplificación fue modificado por el Decreto Legislativo N° 1194, publicado el 30 de agosto del 2015, en donde se añade los supuestos de omisión de asistencia familiar, y conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Anota REYNA ALFARO,[11] que el proceso inmediato es un proceso especial distinto al proceso común. Se trata de un proceso que tiene por finalidad la simplificación y celeridad de las etapas del proceso común, y está previsto para aquellos casos en los que no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción respecto a un caso concreto y formule acusación.

Para SANCHEZ VELARDE,[12] el proceso inmediato es un procedimiento especial que atiende al criterio de simplificación procesal, pues busca abreviar al máximo el proceso penal. La finalidad de este proceso especial es evitar que la etapa de la investigación preparatoria sea una etapa ritualista e innecesaria, dándole la oportunidad al representante del Ministerio Público de formular directamente la acusación y que esta sea aceptada sin la necesidad de realizar la audiencia preliminar de la etapa intermedia. Por su parte, BENAVENTE CHORRES,[13] entiende que el proceso inmediato es un tipo de proceso especial, al darse una situación extraordinaria que conlleva la abreviación del proceso penal: no se desarrollan las fases de investigación preparatoria -al menos no Completamente- e intermedia. En suma, consideramos que se trata de una de las formas procedimentales en que se suprimen las etapas de investigación preparatoria e intermedia; sin embargo, serán de aplicación las reglas del proceso común a aquellas situaciones no contempladas. Su incoación debe descansar en la evidencia de los elementos de convicción respecto a la comisión del hecho punible y la intervención del imputado.

En cuanto a su naturaleza jurídica, tenemos que su esencia o característica principal, está basada en la inmediatez, la celeridad, la economía y el ahorro de recursos como el tiempo y otros aspectos necesarios. En ese sentido, el proceso inmediato tiene como finalidad esencial dar pronta solución a los conflictos de relevancia penal, en los casos en que es necesaria una prolongada y compleja investigación,[14] a lo que agrega ORE GUARDIA,[15] que el proceso inmediato halla su fundamento jurídico en el principio de economía procesal, según el cual la respuesta penal debe realizarse con ahorro de esfuerzo, dinero y tiempo. Ello permite, pues, brindar una respuesta oportuna a la víctima, de un lado, y resolver la situación jurídica del imputado dentro de un plazo razonable,

 III.- Tratamiento Jurisprudencial del Tema.

Nuestra Corte Suprema de Justicia, mediante el Acuerdo Plenario N.° 6-2010/CJ-116 sostuvo que el proceso inmediato es una forma de  simplificación procesal que se fundamenta en la facultad del Estado de organizar la respuesta del sistema penal con criterios de racionalidad y eficiencia, sobre todo en aquellos casos en los que, por sus propias características, son innecesarios mayores actos de investigación.[16] Posteriormente se expide el Acuerdo Plenario Extraordinario N.° 2-2016/CJ-116, publicado en El Peruano el 4 de agosto del 2016, en donde se estableció que: “(…) El proceso inmediato reformado, en tanto se circunscriba a los delitos evidentes y a los supuestos de investigación simple o sencilla  en modo alguno, afectan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y la defensa procesal. No es un proceso configurado legalmente para condenar a los imputados. Precisamente la realización de las audiencias de incoación y de juicio permite esclarecer probatoriamente el hecho punible con pleno cumplimiento de los principios de contradicción, igualdad, publicidad, inmediación y oralidad. No es, pues, un proceso “ofensivo” tendente a condenar irremediablemente al imputado. El rigor para dilucidar la existencia de sus presupuestos materiales y la ulterior de actuación contradictoria de la prueba, afirman la vigencia de la garantía de presunción de inocencia. Por consiguiente, si el resultado probatorio no arroja la presencia de prueba legal, fiable, corroborada y suficiente -que son elementos insustituibles para cumplir con esta garantía-derecho fundamental-, el juez está en la obligación de dictar sentencia absolutoria (…)”. En rigor, nuestra Corte Suprema de Justicia da por sentada que el proceso inmediato reformado no transgrede ningún derecho fundamental del imputado (derecho de defensa, derecho al plazo razonable o derecho a la imputación necesaria).

En efecto, lo cierto es que el Código procesal penal, difundía que las salidas alternativas tenían que aplicarse de manera razonable para los delitos de entidad mínima o bagatela, por ejemplo, el delito de omisión a la asistencia familiar, sin embargo, se intensificó la aplicación de mecanismos de simplificación irrazonables como la “acusación directa”, que en nada contribuyó a la supresión de la etapa de juzgamiento, por el contrario, esta etapa se vio saturada con juicios orales por delitos de bagatela, de ahí que sostenemos que la vía procedimental para estos delitos de escasa lesividad,  no debe ser siempre el proceso inmediato, una interpretación del texto del art. 446º del Código Procesal Penal del 2004, en ese sentido, es errada; pues es frecuente supuestos de estos delitos que no configuran causa probable. El referido art. 446º señala, que estos ilícitos penales, generalmente de bagatela, deben ser conocidos en la vía del proceso inmediato. Pero este dispositivo es susceptible de dos interpretaciones: i) una literal, y compartimental, que se limita al alcance textual de ese dispositivo y, por tanto, TODOS estos delitos, deberían tramitarse como proceso inmediato, independientemente de que se configure una causa probable; y ii) otra interpretación sistemática, que exige razonablemente la concordancia del art. 446.4 y el art. 446.1.C) del Código Procesal Penal, este último supuesto exige el “elemento de convicción evidente” para incoar proceso inmediato.

En ese orden de ideas, el procesamiento de estos tipos penales, por la vía del proceso inmediato, exige una verificación de la configuración de una “causa probable”. Así, la categoría epistémica de “causa probable” se erige en baremo central para decidir su procesamiento por el deslizador del proceso inmediato; por ejemplo, que pasaría si en un caso de omisión a la asistencia familiar se descubre que el imputado había cancelado  el total de las pensiones alimenticias devengadas, pero no tuvo la oportunidad de poner en conocimiento y tampoco se le había recibido su declaración a nivel fiscalía, de ahí la necesidad de que previamente se le reciba su declaración, y posterior a ello se le incoe el proceso inmediato, no lo dice la norma, pero un razonamiento correcto nos lleva a inferir ello, además de su DERECHO A LA IMPUTACION NECESARIA, previo al desarrollo del proceso, pero, de la misma manera, también habría que cuestionar que sucede en aquellos casos de Agresiones en contra de las Mujeres o integrantes del grupo familiar, en donde se emplaza debidamente al agresor, cumpliéndose con todas las formalidades para salvaguardar el derecho de defensa, y pese a ello, éste por estrategia procesal o en ejercicio de su derecho a la no incriminación decide expresa o tácitamente no concurrir a declarar ante la Fiscalía competente, se podría afirmar, sin más, que necesariamente se debe recibir su declaración para incoar el proceso inmediato, consideramos que no, pese a que de una interpretación literal y mecánica de la norma, parecería que fuera necesario.

En este orden de ideas, es bueno tener presente que los elementos de convicción evidentes, como supuesto habilitante del proceso inmediato, si bien es cierto, exige, necesariamente, el “previo interrogatorio del imputado” para ponerle en conocimiento de los cargos imputados (imputación necesaria), por tanto, antes de requerir la incoación del proceso inmediato, se debe recibir la declaración del imputado, esto no debe llevarnos a sostener que si no existe la declaración del imputado, no se puede iniciar al proceso inmediato, ya que este aspecto se puede y debe salvar, con el debido emplazamiento con los cargos incriminatorios). Además, la habilitación de las diligencias preliminares viabiliza la aplicación de salidas alternativas, con ello se evitaría cargar irrazonablemente a la fiscalía, con actuaciones innecesarias -requerimiento de incoación de audiencias, etc.-; y, por consecuencia, una óptima política de descarga procesal de los conflictos jurídicos.

Los casos de agresión contra la mujer e integrantes del grupo familiar, incorporado como delito en el art. 122B del Código Penal[17], cumplirían con los supuestos para incoar proceso inmediato; ya que, no se requiere de mayor investigación para que el fiscal logre su convicción y formule acusación, además de requerir de una atención urgente e inmediata para garantizar la sanción a los ataques a la integridad física o psicológica de las víctimas. Estos casos se presentan cuando, habiéndose aperturado investigación preliminar, se cuenta con la declaración de la víctima, con las respectivas pericias que acreditan la agresión física y/o afectación psicológico, cognitiva o conductual; sin embargo, no se cuenta con la declaración del investigado, quien no ha concurrido a declarar pese a que se encuentra debidamente notificado, y, por ende, conoce de los cargos incriminatorios; incluso se dispuso su conducción compulsiva, pero no se efectivizó, sin embargo, el Juez considera, que, frente a ello, no se debe incoar el proceso inmediato, porque la norma exige la declaración previa del imputado, sin embargo, considero que analizando las circunstancias de cada caso en particular se debe acceder al proceso inmediato, más aún si se realiza una interpretación sistemática con el inciso 4 del art. 446, en los que no se requiere la previa declaración del imputado, y, más aun, atendiendo a la finalidad y esencia del proceso inmediato, que es resolver los conflictos jurídicos, en el más breve plazo, cuando se cuenta con la suficiencia indiciaria mínima de la comisión de un hecho punible, con ello se logra compatibilizar el respeto de los derechos del imputado (garantismo) y el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima (eficacia) en estos casos.

IV.- Ideas finales

La dogmática coincide en que el proceso inmediato reformado presenta una característica de excepcionalidad, precisamente porque solo debe aplicarse a situaciones en las que las evidencias, actos de investigación, indicios sean suficientes o abundantes; de tal modo que no haga falta una investigación ulterior. Por el contrario, frente a casos complejos, la vía del proceso ordinario o común se impone como obligatoria.

En esta perspectiva, el proceso inmediato es una de las formas procedimentales que suprime las etapas de la investigación preparatoria e intermedia en relación al proceso común, el cual es aplicable en casos con o sin flagrancia. Según el artículo 446, inciso 1, del Código Procesal Penal, los supuestos de procedencia del proceso inmediato son la flagrancia delictiva, confesión del imputado y evidencia de los elementos de convicción.

La fórmula original como fue concebido el proceso inmediato en el Código Procesal Penal del 2004, fue modificada por el Decreto Legislativo N.° 1194, el cual si bien tiene una finalidad de concluir el proceso por existir medios de pruebas que incriminen la comisión del delito del imputado, no puede significar la trasgresión del derecho de defensa del imputado, por cuanto genera indefensión al imputado. Si bien los críticos sostienen que, el proceso inmediato planteado conforme al referido Decreto legislativo, ocasionaría una indefensión a la defensa técnica con respecto a la preparación de su teoría del caso para el juicio oral, también es cierto que estos procesos han sido diseñados exclusivamente para delitos de bagatela o en aquellos otros casos que no reviste complejidad, y existe elementos de convicción suficientes para destruir el principio de presunción de inocencia, por lo que sería irracional transitar las etapas formales del proceso común en perjuicio de los derechos de la víctima.

Más aún, si como ha quedado evidenciado, para requerir el inicio del proceso inmediato es necesario constatar la existencia de dos supuestos: i) que sea un caso fácil, y ii) que este configurado una “causa probable”, con elementos de convicción evidentes. En este contexto, por ejemplo, en los procesos sobre violencia familiar, deberán configurarse ambos supuestos, de manera que si se presenta un “caso difícil” de violencia familiar, bien porque; a) existe una oposición a la imputación, postulando una causa de atipicidad, justificación, exculpación; entonces, no procede la incoación del proceso inmediato; o, b) puede presentarse un “caso fácil”, pero no configurar una “causa probable”, siendo necesario requerir el previo interrogatorio del imputado o debido emplazamiento (aunque no concurra a declarar), para no afectar su derecho a la imputación necesaria.

Finalmente, considero que, dentro de los supuestos de aplicación de proceso inmediato, podría incluirse a delitos de Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, sin que se exija a rajatabla que el imputado declare previamente, sino que sea emplazado con los cargos imputados, aunque este no asista a declarar en virtud de su derecho a la no incriminación o como parte de su estrategia de defensa.

V.- Bibliografía

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[1] Fiscal Adjunto Titular de Piura

[2] MANZINI, Vincenzo. Tratado de Derecho Procesal Penal, T.V., Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1954, pp.432.

[3] ARBULU MARTINEZ, Víctor Jimmy. El Nuevo Proceso Inmediato y su problemática, Edit., Motivensa, Lima, 2017, pp.19.

[4] JAUCHEN, Eduardo. Tratado de Derecho Procesal Penal, T.III., Rubinzal – Culzoni Edit., Buenos Aires, 2012, pp.517.

[5] HERRERA GUERRERO, Mercedes. Comentarios a la Casación Nº842-2016-Sullana. En: Revista Actualidad Penal, abril – 2017, Instituto Pacífico, Lima, pp.22.

[6]MENDOZA AYMA, Francisco Celis. Sistemática del proceso inmediato, Idemsa, Lima, 2017, pp.6.

[7]FALLA ROSADO. Miguel Ángel. Teoría preventiva de la pena y análisis crítico del proceso inmediato en el Perú. En obra colectiva: El proceso Inmediato, Herrera Guerrero, Mercedes (Coordinadora), Instituto Pacífico, Lima, pp.176.

[8]ARAYA VEGA, Alfredo.  El nuevo proceso inmediato (D. L. N.° 1194) Hacia un modelo de una justicia como servicio público de calidad con rostro humano. En: Revista Actualidad Penal, marzo – 2016, Instituto Pacífico, Lima, pp.92.

[9]ORE GUARDIA, Arsenio. “Análisis del proceso inmediato, a propósito de los Decretos Legislativos Nos 1194 y 1307”, en Estudio Oré Guardia abogados. Boletín académico N.º 46, Lima: 2017, pp. 2 y 3.

[10]CHINCHAY CASTILLO, Alcides. Dos problemas de aplicación en la Casación N.° 842-2016 Sullana. En: Revista Actualidad Penal, abril – 2017, Instituto Pacífico, Lima, pp.33.

[11]HURTADO HUAILLA, Ana Cecilia y REYNA ALFARO, Luis Miguel. El proceso inmediato: valoraciones político criminales e implicancias forenses del D. Leg. Nº1194. Revista Gaceta penal y procesal penal, T.76, oct. – 2015, pp.13.

[12]SANCHEZ VELARDE, Pablo, El nuevo proceso penal, Lima: Idemsa, 2009, p. 364.

[13]BENAVENTE CHORRES, Hesbert. La acusación directa y el proceso inmediato en el acuerdo plenario N.° 6-2010/CJ-116, en Gaceta Penal & Procesal Penal, t. 19, Lima, enero del 2011, p. 24.

[14]REATEGUI SANCHEZ, James. El proceso inmediato em el Código Procesal Penal del 2004 a través de la reforma del D. Leg.1194. En obra colectiva: El proceso penal inmediato en casos de flagrancia delictiva, Ediciones legales, Lima, 2016, p. 55.

[15]ORE GUARDIA, Arsenio. Estudio Introductorio, en obra colectiva: El Nuevo proceso penal inmediato, Lima, 2016, pp. 10.

[16]ARAYA VEGA, Alfredo. Nuevo proceso inmediato para procesos en flagrancia, Jurista Editores, Lima, 2016, pp.33.

[17]Por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1323, publicado el 06 de enero de 2017.

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