Brazaletes Electrónicos como parte de los Beneficios Penitenciarios

Por: Mercedes Herrera Guerrero

Si bien es innegable que el Estado cuenta con recursos escasos para hacer frente  a las diversas necesidades sociales, no basta argüir que no se puede mejorar la situación de los penales por falta de dinero. Recordemos que la legitimidad de quienes gobiernan  se fundamenta en la defensa de la persona humana, y la promoción de su dignidad. (Art. 1 de nuestra Constitución Política). Por ello, la mejora de las condiciones carcelarias debe ser un tema de atención constante por parte de los poderes públicos; más aún cuando es de conocimiento general la situación de insalubridad, violencia y hacinamiento por la que atraviesan los centros de reclusión, en los cuales la resocialización- que no se impone sino se ofrece- se muestra como  una quimera. Es más, para los infractores primarios y para quienes han sido recluidos por delitos de escasa trascendencia, los establecimientos penitenciarios se convierten en “centros de corrupción” y de contribución al fenómeno delincuencial.

En el contexto mencionado, resulta  plausible la preocupación del Ministerio  de Justicia por la situación de hacinamiento en  los centros de reclusión, y en este sentido, conveniente la incorporación del uso de brazaletes electrónicos al sistema de beneficios penitenciarios.

El uso de dispositivos electrónicos para efectos penitenciarios no es reciente. Fue el juez estadounidense Jack Love quien en 1983 utilizó por primera vez la vigilancia electrónica (“tagging” o “electronic tagging”). Actualmente, ésta es empleada en varios países, no sólo en casos de delincuencia de mediana gravedad, sino también para controlar a los agentes de violencia doméstica, y  de delitos contra la libertad sexual (sobre todo para los casos de pedofilia).

En España, las pulseras telemáticas se utilizan desde el año 2001, sin embargo, recientemente la propuesta de introducir una nueva pena denominada “libertad vigilada” ha dado lugar a una gran discusión, puesto que se trata de una pena accesoria aplicable a ciertos delitos de particular gravedad (terrorismo y delitos contra la libertad sexual).El núcleo de la crítica a la aplicación de esta pena, estriba en que su acatamiento tendría lugar al finalizar el periodo de pena privativa de libertad, y su duración oscilaría entre 1 a 20 años. (de 10 a 20 años para delitos más graves). Los mismos cuestionamientos podrían formularse a la vigilancia electrónica que se aplica en Estados Unidos y en otros países en los casos de pedofilia.

En nuestro país el brazalete electrónico se regulará como un beneficio penitenciario que podrán solicitar los agentes de delitos menores, siempre que no exista peligro de fuga. Considero, prima facie que esta medida es acertada; puesto que, comporta una posibilidad que se ofrece a determinados internos cuando cumplan las condiciones establecidas en la ley.  Ahora bien, el legislador debe efectuar 2 tareas importantes para la correcta regulación del beneficio en cuestión: evaluar las ventajas e inconvenientes que su implantación ha presentado en otros países, y determinar con precisión los criterios para su aplicación (requisitos). Tal vez el principal inconveniente en el uso de este tipo de dispositivos sea la estigmatización social a la que pueda dar lugar,  quien lo usa es susceptible de ser identificado como un proscrito, por lo que el brazalete o dispositivo análogo debería colocarse en una zona no visible.

Las ventajas de este beneficio podrían resumirse en las siguientes: la disminución-en mayor o menor medida- del hacinamiento en los centros de reclusión; el  favorecimiento de la resocialización; el cumplimiento de la pena con restricciones mínimas de la libertad, lo que contribuye a preservar las relaciones familiares y laborales del que cumple la pena bajo este régimen. Sin embargo, la verificación de las ventajas mencionadas, y por ende los resultados, dependerán de  cómo se implemente.

Por otro lado, es previsible que tarde o temprano el legislador peruano tenga que evaluar la conveniencia de emplear las nuevas tecnologías para proteger a las víctimas de delitos contra la libertad sexual (sobre todo cuando la víctima sea menor de edad), controlar las actividades de sujetos peligrosos o reincidentes, etc. tal como viene sucediendo ya en otros países. No obstante, es preciso advertir que la restricción de derechos fundamentales debe orientarse siempre por el principio de proporcionalidad, y en esa medida a la comunidad en general, y especialmente a los juristas nos corresponde estar atentos para evitar que se incurra en intromisiones injustificadas en la esfera de la intimidad personal o familiar. Este peligro fue advertido por el juez Jack Love, en Estados Unidos en los años 80, cuando tras colocar un dispositivo electrónico en la pierna de un interno, y utilizar este mecanismo con éxito, algunos empresarios japoneses le ofrecieron un sistema para controlar televisivamente a los detenidos.

Mercedes Herrera Guerrero es Abogada por la Universidad de Piura. Profesora asistente de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal y profesora de Doctrina Social de la Iglesia.