Ita Ius Esto - Revista de Derecho integrada por alumnos de la Universidad de Piura

Conflicto diplomático entre Bolivia y algunos países europeos

Por: Susana Mosquera

 

El pasado 2 de julio el avión de estado que trasladaba al presidente boliviano Evo Morales desde Rusia hacia Bolivia sufrió una injustificada interrupción mientras sobrevolaba espacio aéreo europeo lo que obligó a que aterrizase de emergencia en el aeropuerto de la ciudad de Viena con el objeto de resolver las cuestiones técnicas que afectaban al itinerario planificado. Pronto se pudo comprobar que no eran técnico-mecánicos sino técnico-legales los inconvenientes que presentaba la continuación del viaje del presidente Morales en su regreso a casa, varios países europeos habían puesto trabas al  vuelo de este avión oficial y con eso se había dado inicio a una situación internacional llena de despropósitos y errores.

Varias son las cuestiones que debemos aclarar para poder entender las consecuencias jurídicas de los hechos que se produjeron ese día 2 de julio, por lo que será oportuno hacer un breve relato. Al conocer que el avión oficial no podrá hacer escala en territorio portugués, las autoridades bolivianas cursan una petición a España para realizar una escala técnica en territorio español,  petición que España concede al cabo de unas horas. En ese lapso de tiempo se sabe que tanto Francia como Italia han cerrado su espacio aéreo al avión presidencial por lo que su salida de territorio austríaco se ha dificultado enormemente. Para terminar de complicar las cosas, el embajador español en Viena tiene el cometido –no sabemos asignado por quien- de verificar que el avión presidencial boliviano no esconde al Sr. Snowden, eje central de toda esta polémica pues parece ser esa sospecha la que ha llevado a los países europeos a actuar en clara violación del derecho internacional.

Las horas que el presidente boliviano pasa en el aeropuerto de Viena dejan notas lamentables para la historia de las relaciones internacionales entre Europa y América latina puesto que tan pronto se supo de la situación en que se encontraba el mandatario boliviano la reacción de los países latinoamericanos –al menos de los que tienen la más cercana afinidad ideológica con las autoridades bolivianas- se tradujo en una dura crítica contra los cuatro países europeos implicados en los hechos, y con especial intensidad contra España. La situación parece resolverse en la mañana del 3 de julio cuando el avión presidencial recibe autorización para la escala técnica solicitada a España y emprende regreso a Bolivia. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que la llegada a Bolivia marca el segundo acto de esta obra teatral digna del mejor Valle-Inclán y asistimos así a las sucesivas reacciones por parte de la UNASUR, del Mercosur y de la misma OEA en protesta contra lo que por algunos ha llegado a calificarse de “secuestro” del jefe de estado boliviano.

La reacción de estas organizaciones internacionales resulta paradigmática si la comparamos con la de sus equivalentes europeas. En ese sentido la estrategia europea parece haber sido la de cubrir los hechos con un velo de silencio. Y debemos decir que la misma está dando sus frutos a Portugal, Francia e Italia, países tanto o más responsables que España de los hechos que en este caso califican para la violación del derecho internacional. Sin embargo, aunque España trató por todos los medios de desentenderse de su responsabilidad en este caso queriendo presentarse como la nación que finalmente había dado solución al conflicto –dado que el avión presidencial hizo escala en territorio español-, lo cierto es que ella ha sido destinataria de los principales ataques y críticas por parte de Bolivia y de sus aliados regionales. De ahí que frente al silencio que siguen guardando Portugal, Francia e Italia, España es la única de las naciones europeas implicadas en este conflicto que ha presentado formalmente disculpas al estado boliviano por los incidentes de la madrugada del 2 al 3 de julio. Nada ha dicho la Unión Europea,  nada ha dicho el Consejo de Europa, nada ha dicho ningún otro organismo europeo con competencia en materia de cooperación o integración.

Esta es la situación en el momento actual, una tensa relación entre algunos países latinoamericanos y europeos, varios embajadores llamados a consultas, relaciones diplomáticas interrumpidas, una queja ante Naciones Unidas por el trato dado al presidente boliviano y una tensión política de fondo que viene dada por los hechos concomitantes al caso que analizamos, que nos ha desvelado –a través de la filtración realizada por el Sr. Snowden- que las grandes potencias, con EEUU a la cabeza, invaden nuestras comunicaciones como el gran hermano orwelliano y que además, las estructuras de bloques geopolíticos que creíamos superadas con la caída del muro de Berlín siguen ahí más visibles que nunca –es ese y no otro el sentido que debemos dar a la presencia de Snowden en Rusia y no en otro lugar del globo-. No obstante, nuestro análisis no tiene esos temas como destino y simplemente vamos a tratar de depurar las cuestiones de relevancia jurídica internacional que se derivan de los sucesos relacionados con el avión presidencial boliviano.

Si bien es pronto para descartarlo por completo, no parece que Bolivia tenga en mente iniciar un proceso de reclamación de responsabilidad internacional por los hechos de los días 2 y 3 de julio, a pesar de que los mismos califican claramente como acto ilícito internacional. Tal y como se ha establecido en la práctica consuetudinaria y jurisprudencial, la violación de una obligación internacional por parte del estado genera responsabilidad internacional, surgiendo entonces la necesidad de que la misma sea reparada. En el caso que analizamos la violación de la obligación internacional ha dado directamente a uno de los núcleos legales del derecho internacional público: el derecho de las relaciones diplomáticas. En ese sentido, aunque en un momento inicial los medios de comunicación hacían hincapié en la violación de las normas aeronáuticas con esas decisiones que cerraron el espacio aéreo europeo, la verdadera violación se configuró en las normas del derecho diplomático, y concretamente en la Convención de Viena de sobre relaciones diplomáticas en vigor desde 1964.

¿Por qué violación de obligaciones diplomáticas y no  violación de normas aeronáuticas? Por la sencilla razón de que nos encontramos ante un avión oficial, un avión presidencial, es decir un avión de estado, sobre los cuales no se aplica la normativa aeronáutica general pues como se establece en la Convención de Chicago de 1944: “el presente Convenio se aplica solamente a las aeronaves civiles y no a las aeronaves del Estado”. No obstante, éstas no están exoneradas de solicitar las preceptivas autorizaciones para sobrevolar o  aterrizar en el territorio de uno de los estados parte en dicha Convención, como ha sido el caso de la aeronave oficial boliviana, pero dichas autorizaciones se conceden siguiendo las líneas de acción que se detallan en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que en su artículo 26 obliga a un estado cuyo espacio aéreo deber ser cruzado por un avión diplomático extranjero, a garantizar el tránsito y no obstaculizarlo. Esa garantía de libre tránsito se completa a su vez con las disposiciones que el art. 22.3 de la misma Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas hace en relación a la inviolabilidad de los medios de transporte diplomáticos, otorgándoles la misma inmunidad que protege a las embajadas, explicitando que dichos medios de transporte “no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución”.  De esta regla podemos extraer la respuesta al porqué de los duros ataques contra España dado que fue el embajador en Viena de este país el que intentó registrar el avión presidencial boliviano para verificar que el Sr. Snowden no estaba a bordo.

De ese modo lo que experimentó el presidente Morales fue una violación a la inmunidad que tiene como principal agente diplomático de su país en la regla de inmunidad e inviolabilidad que se le concede a todo jefe de estado cuando atraviesa el territorio de un tercer estado para reintegrarse a su cargo o para volver a su país. Como señala el art. 40.1 de la ya mencionada Convención de Viena: “Si un Agente diplomático atraviesa el territorio de un tercer Estado (…) para reintegrarse a sus funciones o para volver a su país, el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito o el regreso”. Vemos pues que los hechos objeto de esta controversia tienen en efecto un marcado carácter personal dado que la obligación que ha sido lesionada afecta directamente al titular de los derechos de inmunidad como jefe de estado.

Es posible y deseable que la tensión vivida en días pasados se aligere, pues no resulta recomendable para las relaciones bilaterales la existencia de fricciones y conflictos entre países que tienen intereses comunes. Las protestas contra la embajada de Francia en Bolivia son compresible reacción de una población que ha sentido la afrenta vivida por su presidente como propia, no obstante debemos aclarar que la responsabilidad de los países europeos por la violación de la norma internacional que concede inmunidad e inviolabilidad al presidente boliviano y a su avión en su regreso a Bolivia se configuró con el bloqueo al espacio aéreo y con el intento de registro de la aeronave, sin que elementos de contenido discriminatorio o ideológico hayan podido tener peso en tales hechos. Parece oportuno dar esta aclaración puesto que una de las reacciones del presidente Morales al llegar a su país pasó por incluir el factor de discriminación indígena y antiimperialista en los cuestionados hechos, cuando en realidad los mismos se desencadenaron por un mero azar: el presidente Morales y el Sr. Snowden estaban en Moscú al mismo tiempo, y eran ya conocidas las manifestaciones de apoyo que Bolivia y otros países latinoamericanos habían dado al pedido de asilo que el Sr. Snowden estaba planteando hipotéticamente.

Confiamos que una vez recibida la disculpa formal por parte de España disminuya la tensión vivida en relación a este tema, hecho que reafirma nuestra confianza en la aplicación de la negociación diplomática como mecanismo de solución pacífica de controversias internacionales.

Susana Mosquera es Doctora europea en Derecho, por la Universidad de A Coruña (2001). Licenciatura con grado (1998). Licenciada en Derecho, por la Universidad de A Coruña (1996). Profesora ayudante de Derecho eclesiástico del Estado de la Universidad de A Coruña, (2001-2007). Profesora del Master de Relaciones internacionales de la Universidad de A Coruña, de (2001-2007).Profesora visitante, de la asignatura de Derecho eclesiástico del Estado y de Derecho internacional público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura desde el curso (2003 -2007).Profesora del Master de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura hasta la actualidad. Profesora Erasmus en la Universidad de Messina Italia, (2006). Profesora ordinaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.

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