El aborto: Sólo pensar un poco

Por: Emilio Arizmendi Echecopar

Con justa razón, la controversia que se ha originado en torno al aborto lleva a muchos a pensar, opinar, decir su punto de vista desde su propia perspectiva, ya sea médica, jurídica, antropológica, etc. Para el presente caso, me limitaré a hacer una reflexión sencilla, más de sentido común. Quisiera expresar la opinión de un hombre de la calle; simplemente, pensar un poco.

La primera idea que se suele poner y me viene a la cabeza cuando se quiere justificar un aborto, es que se está realizando un bien: salvar la vida de la madre, evitar un hijo con malformaciones graves o evitar un trauma psicológico. Todo eso es cierto, pero no necesariamente justificable para quitar la vida de un ser humano. Me explico.

Dentro del conjunto de bienes a los cuales el hombre tiene acceso o aspira, hay unos que son más importantes que otros y hasta prevalentes: por ejemplo salvar la fama. Pero ese caso no justifica que se tenga que salvar la fama a costa de una vida. Es decir, además de bienes prevalentes, existen otros que son absolutos o valores morales que nuestra naturaleza o sentido común nos indican que no pueden quedar al arbitrio de las circunstancias, por graves que sean. Es por eso que, por más que un bien sea importante o considerado prevalente frente a otros, no pueden prevalecer sobre los valores morales absolutos, por ejemplo, el derecho a la vida de un inocente.

 

He querido partir de esta idea. Voy a desarrollar, a continuación y brevemente, los argumentos más conocidos.

Puede argumentarse que la madre tiene libertad y hasta derecho para decidir sobre la vida de su hijo. Hay que matizar. La madre no tiene un derecho a decidir, sino un deber de proteger la vida del hijo. No podemos olvidar que el hijo es un ser con vida propia y que la dependencia del hijo hacia la madre es una dependencia vital, un requerimiento de la naturaleza, no un objeto de libre disposición. El hijo no es parte del cuerpo de la madre (en cualquier caso también depende genéticamente del padre). El hijo depende de la madre y seguirá dependiendo hasta después de su nacimiento, pero con autonomía. Considerarlo de otro modo, sería reducir la vida del ser concebido al de un objeto, a una cosa, y podría aplicarse a ello un derecho de propiedad. Pero esto último ¿parece razonable? ¿Es correcto decir que la madre puede gozar, disfrutar, disponer y hasta abusar del hijo concebido? La madre no es la dueña de la vida en desarrollo: le ha sido confiada a su custodia.

Cuando se argumenta que un ser concebido por violencia o por otra circunstancia similar puede causar un sufrimiento moral grave en la salud psíquica de la madre, no se está considerando que el aborto causa siempre un sufrimiento aún mayor en la madre que lo consiente. Está demostrado que el sentimiento de culpa por un aborto no desaparece, sino que puede causar traumas y depresiones. ¿No es acaso una ayuda psicológica para la madre saber que ese hijo que formó en sus entrañas –un ser inocente, al fin y al cabo- ha llegado a la vida y que recibió un hogar que lo amó y, en su caso, lo adoptó?

Del mismo modo, no cabe invocar la legítima defensa de la madre contra el feto. ¿Cómo un ser concebido inocente puede ser un agresor voluntario? Simplemente, ha venido al mundo. Recientes estadísticas nos demuestran (reales, no fruto de la fantasía) que los casos de embarazo por violación son mínimos: al año 2007 en un país del primer mundo de 11,000 casos, sólo un embarazo. Basta con estos datos para poner en duda la violación o, en cualquier caso, no admitirlo como argumento válido.

El argumento de que se realizan miles de abortos clandestinos (los números son difíciles de determinar), no es legítimo para justificar un hecho ilícito. Es cierto que la práctica abortiva clandestina pone en peligro la vida y salud de la madre, pero me pregunto ¿desde cuándo la clandestinidad ha justificado un acto ilícito? En estos casos hay que destacar cierta competencia de la propia madre que se pone en situación de riesgo por una conducta imprudente. Existen muchos otros casos de conducta ilícita que generan un peligro para la vida (por ejemplo, la conducción temeraria). La conducta prudente es llevar a término el embarazo y dar a luz. Si no se desea al hijo, que se entregue en adopción.

No encuentro un motivo válido para eliminar una vida, ni aún tratándose de un ser minusválido. Un ser con una discapacidad o minusválido tiene derecho a la vida y a alguien que lo defienda. También en el caso de un ser concebido que ponga en riesgo la vida de la madre, cuando se trata del llamado aborto terapéutico. En la actualidad, son muy pocos los casos en los que un embrión puede poner en peligro la vida de la madre. Confío en los médicos que pueden poner todos los medios para salvar tanto a la madre como al hijo. Y, en los casos extremos, en los que se han puesto todos los medios que la ciencia médica puede disponer, es muy distinto matar al ser concebido que dejarlo morir, por las menores esperanzas de vida que pueda tener.

Si se argumenta que se debe despenalizar el aborto eugenésico porque la pena que se impone es irrelevante, la razón para admitirlo me parece muy poco seria. Con el mismo argumento tendríamos que despenalizar muchos otros delitos o faltas. Sería casi como asimilar el aborto al hurto simple. Lo correcto sería, más bien, incrementar la pena. No podemos perder de vista que las leyes obligan también en conciencia y no solamente por la fuerza del Estado. En muchos casos tiene que ser una ley la que nos diga: ¡ojo, eso es delito, no lo hagas! y actuar en consecuencia.

Sustentar el aborto por la fragilidad del ser humano concebido es una discriminación: no se puede discriminar al hombre por su capacidad o por su discapacidad, por su utilidad a la sociedad o por su inutilidad social. Todos los hombres son sujetos de una gran dignidad por el hecho de ser personas. Si consideramos el sufrimiento de una persona como un mal, tendríamos que poner los medios para eliminar muchos otros males más graves: los tetraplégicos, los ancianos con demencia senil, los niños con síndrome de Down, los enfermos terminales. ¿No será que se ha perdido el sentido del sufrimiento, de la solidaridad, de la generosidad, de la entrega a los demás sin condiciones? Si hay quienes sostienen que la vida de este futuro hombre será desventurada, ¿no es acaso deber del Estado preservarlo de la desventura? A nadie la corresponde el derecho de determinar qué niños pueden llegar a nacer.

Quisiera terminar con unas reflexiones sencillas. Cuando nos referimos a la persona humana nos estamos refiriendo al fundamento del orden jurídico. Y, cuando nos referimos al orden jurídico, no podemos dejar de lado la presencia y la dirección del orden moral y de la ley natural.

Es una lástima comprobar que nuestra sociedad va disolviendo cada vez más a la persona singular, dejando de lado el fundamento de su dignidad por el cual, hay que repetirlo, no se le puede matar bajo ningún concepto. No hay excepciones, ni los locos, ni los vagos, ni los retrasados mentales tienen menos derechos que los hombres que contribuyen a la sociedad con su trabajo. En esto se distingue el hombre civilizado, en que respeta a la persona cuando se encuentra en una situación lamentable.

Cuando nos decidamos de verdad a proteger al hombre íntegramente, desde que es concebido, alcanzaremos propiamente una madurez ética. La sociedad y el Estado lo pueden hacer: no hay necesidad de matar para que podamos vivir en paz. Hay necesidad de sacrificio.

Emilio Arizmendi Echecopar es Abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Doctor en Derecho Canónico por la Universidad Católica de la Santa Cruz de Roma (Italia). Profesor de Teología y Derecho Eclesiástico en la Facultad de Derecho y Tópicos de Formación General en el Máster en Dirección y Gestión Empresarial de la Universidad de Piura. Capellán Mayor de la Universidad.