El papel de la Autorregulación, una aproximación general

 Por: Karla Gabriela Gonzales Herrera¹

 

Una persona, ya sea natural o jurídica, puede intervenir en las distintas actividades o intercambios económicos, aplicando libremente los recursos técnicos que considere pertinentes para la realización de su actividad dentro del mercado, a esto se le conoce como libertad de empresa. Una de las dimensiones de esta libertad de empresa, es la libertad de ejercicio de la misma, la cual cuenta dos manifestaciones: la libertad de decisión, es decir, la facultad que tiene el empresario para organizar su actividad y orientarla; y, por otro lado, la libertad de competencia, la que hace alusión a evitar todas aquellas conductas de los operadores económicos dentro del mercado que puedan dar lugar a un monopolio o a los ya conocidos cárteles. En ese sentido, se ha de entender que la libertad de empresa es indispensable, como toda libertad económica, dentro de una economía de mercado. Sin embargo, siempre será necesario determinar si el ejercicio de dicha libertad es lícito y ajustado al fin que se persigue, evitando que se perjudique indebidamente derechos de terceros, sean estos competidores o consumidores. Es ahí donde entra a tallar la actividad de policía de la Administración Pública, o lo que hoy en día se conoce como regulación económica.

Laguna de Paz (2016) afirma que se entiende por regulación al “conjunto de actuaciones públicas a través de las que se ordena el ejercicio de la iniciativa privada, con la finalidad de proteger los derechos de terceros, evitar la producción de daños y promover el interés general” (p. 32). Atendiendo a ello, la importancia de la regulación radica en lograr que las actuaciones privadas no distorsionen el buen funcionamiento del mercado, y por tanto, no vayan en contra del interés general, lo que conlleva a la limitación de la libertad de empresa.

El cumplimiento de dicho propósito y el mantenimiento de la seguridad jurídica, está a cargo de los entes reguladores, los cuales son organismos públicos descentralizados dotados de autonomía administrativa, económica y técnica. Asimismo, se les asigna una serie de funciones, por nombrar algunas: la supervisión de las obligaciones legales, contractuales y técnicas que han de cumplir los operadores económicos; la emisión de reglamentos (siempre y cuando, el legislador, previamente, establezca el marco jurídico de la actividad), supervisiones, así como el establecimiento de sanciones.

La existencia de la regulación no impide que los operadores económicos adopten, por sí mismos, medidas que controlen el ejercicio de su libertad empresarial, lo que da lugar a la Autorregulación. Y es que esta figura hace referencia a un mecanismo de establecimiento (y posterior cumplimiento) de parámetros de comportamiento, adoptados voluntariamente por los operadores, de acuerdo a sus capacidades, en la realización de sus actividades dentro del mercado; parámetros que han de estar direccionados, además, a la protección del interés general, sin que exista algún tipo de injerencia estatal.

Una de las ventajas que puede traer consigo la autorregulación, entre otras, es la capacidad para evitar o solucionar, de manera especializada, eventuales problemas que surjan en el desarrollo de este tipo de actividades. Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que este mecanismo podría llegar a ser utilizado por los mismos intervinientes como un medio para atender prioritariamente a sus inclinaciones, esto porque existe una perspectiva sesgada al momento de determinar las reglas de conducta a cumplir, pudiéndose dar el caso que, se adopten determinadas decisiones en detrimento de los derechos e intereses de los consumidores y otros usuarios.

Es relevante aclarar que el reconocimiento de esta capacidad de autocontrol no suplanta a la regulación, sino que es una alternativa complementaria a la misma. Esto debido a que la autorregulación suele beneficiar a los regulados, sin que nadie llegue a representar el interés de los consumidores². Y a pesar que, en algunos sectores económicos los actores empresariales han implementado reglas autolimitativas que buscan el fortalecimiento de la posición del consumidor, tales como por ejemplo los códigos de conducta Business to Consumer, estas no llegan a servir, de manera proporcional, a los intereses de todos.

En síntesis, se podría concluir que, los mecanismos autorreguladores serán eficaces, siempre y cuando, sometan todos aquellos controles y pautas determinados por los operadores a las instancias estatales, logrando así lo que se conoce como co-regulación; una acción conjunta que permitiría la armonización de los intereses individuales con los generales o públicos, logrando evadir cualquier tipo de riesgo regulatorio o medidas centradas en beneficiar a algún sector económico.


¹Alumna de sexto año de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Miembro colaborador de la revista ITA IUS ESTO

²LagunadePaz,J., (2016), Derecho Administrativo Económico, España, Editorial Aranzadi S.A.U.