El principio de complementariedad como guía de la labor de la corte penal internacional

 

 

Por: Stefany Pérez Córdova*

  1. Noción y contenido del Principio de complementariedad.-

La doctrina y la misma Corte Penal Internacional consideran que el Principio de complementariedad es la piedra angular de la relación entre la Corte y las jurisdicciones internas, pues conduce la implementación por parte de los Estados de las disposiciones del Estatuto de Roma[1], a la vez que guía las actuaciones de la Corte para que ésta no sobrepase dichas jurisdicciones.

Este principio viene tipificado por el Estatuto en el párrafo 10 de su Preámbulo, así como por los artículos 17, 18, 19, 20 y 53 del mismo. Estas disposiciones llevan a concluir que la Corte se instituye como una jurisdicción de última ratio, que solamente tiene competencia una vez agotados todos los medios de juzgamiento nacional, sin que el Estado haya llevado a cabo de manera efectiva los procesos en contra de los responsables de crímenes internacionales estipulados en el mismo Estatuto.

El principio de complementariedad reconoce una mixtura, pues por un lado da preferencia a los aparatos de justicia internos para que éstos investiguen, juzguen y sancionen a los criminales, y por otro lado garantiza que, ante la inoperancia de los Estados, exista un soporte jurisdiccional de rango internacional que actúan para salvaguardar la interposición de justicia con permanencia, legitimidad y eficacia. De esta forma, la Corte complementa mas no reemplaza a las jurisdicciones nacionales, propiciando un equilibrio entre el ejercicio funcional de este organismo internacional y la soberanía de los Estados. Es por ello que los órganos de la Corte Penal Internacional desempeñan sus funciones con independencia, imparcialidad y objetividad. Además, es el rasgo más característico que distingue a este Tribunal Penal Internacional de sus antecesores tribunales ad hoc.

Este principio es un fundamento jurídico procesal propio de la Corte, que puede entenderse desde dos perspectivas: por un lado, desde la jurisdicción de la Corte y, por otro lado, por las cuestiones de admisibilidad de la misma. Respecto a su jurisdicción, Olásolo dispone que la Corte puede y debe actuar cuando cualquiera de las siguientes circunstancias concurra:

  • «Los parámetros personales, territoriales y temporales que definen la crisis están incluidos dentro de los parámetros personales, territoriales y temporales de la jurisdicción potencial de la Corte.
  • La información disponible provee una base razonable para creer que crímenes dentro de la jurisdicción material de la Corte han sido cometidos durante esa situación de crisis.
  • La ausencia de acción, la no voluntad, o la inhabilidad de las jurisdicciones nacionales para investigar apropiadamente los crímenes supuestamente cometidos en esa situación de crisis.
  • La ausencia de un requerimiento del Consejo de Seguridad de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de Roma de no activar la jurisdicción potencial de la Corte.
  • La suficiente gravedad de los crímenes cometidos.
  • La falta de suficientes razones para creer que, a pesar de la gravedad de los crímenes y los intereses de las víctimas, la activación de la jurisdicción potencial de la Corte respecto de esa circunstancia no servirá a los intereses de la justicia»[2].

En ese sentido, un caso puede ser susceptible de entrar a ser parte de la jurisdicción de la Corte si cumple con los ejercicios anteriores, pero puede no ser admisible para su investigación y enjuiciamiento si no cumple las condiciones de admisibilidad que el principio de complementariedad prevé. De esto se entiende que el mencionado principio supone un requisito de admisibilidad previo para que la Corte Penal Internacional decida si tiene competencia o no en el caso concreto. Ante ello, la misma Corte[3] se ha pronunciado al respecto, indicando que la admisibilidad es el instrumento perfecto para implementar el principio de complementariedad en un escenario específico.

Cabe resaltar que la regla de la complementariedad responde también a razones prácticas que favorecen al sistema judicial de los Estados, que se caracteriza por ser insostenible financiera y administrativamente, a través de un tribunal penal internacional con las condiciones y la capacidad de poder procesar plenamente estos casos inhumanos. Es por eso que unánimemente la doctrina está de acuerdo en que era necesario que la Corte actuara de esta manera subsidiaria. Sin embargo, no se debe entender que los Estados podrán derivar miles de casos a la Corte solo por pretender disminuir su carga procesal, pudiendo con un mayor esfuerzo resolverlos ellos mismos, sino que ésta sólo procesará y actuará en casos muy puntuales y específicos, establecidos por el mismo Estatuto que la rige. Así, «siempre y cuando el sistema legal de un Estado pueda eficientemente investigar y juzgar los graves crímenes prohibidos en el estatuto, la soberanía del Estado permanecerá sin afectarse, libre de cualquier interferencia por parte de la CPI»[4].

 

  1. ¿Cómo funciona? El test de complementariedad.-

La complementariedad, en lo referente a la herramienta de la admisibilidad, debe ser examinada desde la etapa más temprana, durante las investigaciones preliminares del procedimiento. Así, cuando la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina Fiscal corrobora que se ha cumplido la competencia en todos sus aspectos, debe analizarse la complementariedad. Es después de ello, y en el curso del proceso, que el test de complementariedad (regulado en el artículo 17 del Estatuto) se lleva a cabo.

El desarrollo procesal se realiza de la siguiente manera:

  • La Oficina del Fiscal recibe la notitia criminis;
  • comienza la pre-investigación;
  • se identifica una situación;
  • se corroboran los criterios consagrados en los artículos 15 y 53;
  • se da comienzo a una investigación formal (en caso de una remisión), o se solicita autorización para comenzar una investigación formal (en caso de una información en virtud del artículo 15) en el sentido del artículo 54;
  • investiga de manera mundial e identifica a los sospechosos;
  • por último, solicita una orden de arresto o una citación para comparecer si existen motivos fundados de acuerdo al Estatuto; y
  • finalmente, la Sala de Cuestiones Preliminares expide esta orden o citación. Es en este momento en que existe un caso legal propiamente dicho.

Antes de continuar explicando el tema en cuestión es necesario diferenciar, pues así opera la Corte, entre un caso y una situación. El primero de ellos se produce en un ambiente individual, tratándose de «incidentes específicos durante los cuales uno o más crímenes […] parecen haber sido cometidos por uno o más sospechosos individualizados»[5]; mientras que el segundo se da en un ámbito general, siendo «generalmente definidas en términos de parámetros temporal, territorial y en algunos casos personal»[6]

Cuando se presenta una situación, la Oficina del Fiscal investiga casos específicos dentro de una situación uno tras otro, no todos a la vez, seleccionándolos de acuerdo a su gravedad. Al finalizar, la Oficina examina si otros casos dentro de la misma situación requieren ser situados en orden de investigación, o si se da paso a una nueva situación. Sin embargo, en la práctica, la Oficina Fiscal centra sus esfuerzos en los individuos en vez de en la existencia de un caso legal conforme a los estamentos del Estatuto. Por lo tanto, un caso podría iniciarse durante las fases de pre-investigación e investigación, al momento en que se solicita una orden de arresto o citación de comparecer, o cuando la Sala de Cuestiones Preliminares responde a tal solicitud.

Es en la etapa de pre-investigación, cuando el Fiscal aún no decide si va a iniciar formalmente la investigación en virtud del artículo 53 del Estatuto, que debe examinar la admisibilidad de la situación remitida. El Fiscal debe operar sobre la base de un caso hipotético – base que deberá ser sólida pues es fundamental para las posteriores fases del proceso –, controlando la admisibilidad de un modo meramente general, en especial respecto a los criterios de selección, pues si ha distinguido casos concretos, posibles conductas criminales y/o sospechas, el test de complementariedad (o admisibilidad) logrará que la situación se traslade al caso. De esta forma se explica que el test de admisibilidad deba ser evaluado tanto a nivel de situación como a nivel de caso.

Con este desplazamiento que se realiza durante la investigación, pasando de la generalización a la concretización del tema, surge la cuestión en torno al objeto de los procedimientos nacionales frente a frente con los procedimientos de la Corte. La jurisprudencia señala que debe seguirse una identidad entre ambos que sugiere que procedimientos nacionales deban referirse específicamente al caso tratado por la Oficina del Fiscal, abarcando a la persona y a la conducta. Sin embargo, los estatutos de la Corte disponen que el test de complementariedad opera distinguiendo en ambos procesos (nacional e internacional) las conductas y los sujetos, de forma tal que un caso será declarado inadmisible si los procedimientos nacionales se refieren exactamente a la misma conducta concreta y a los mismos sospechosos que lo seguidos en la investigación de la Corte.

Cabe agregar que el principio de complementariedad busca, a través del test de admisibilidad, fortalecer los procedimientos internos, por lo que la disposición a los Estados anteriormente descrita podría limitar demasiado su libertad de seleccionar conductas y crímenes, y esto podría generar un riesgo, por lo que los Estados deberían tener un margen de apreciación al respecto. Además, la especificidad debe ser entendida de manera dinámica y flexible en relación a los criterios de admisibilidad.

 

*Alumna del X ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura.

[1] Es el instrumento por el que la Corte Penal Internacional proclama sus disposiciones y de acuerdo al cual se rige. Regula principios que son de carácter general a todo el Derecho, y que coadyuvan a un adecuado y efectivo funcionamiento de la Corte.

[2] Olásolo, H. (2005) “The triggering procedure of the International Criminal Court, Procedural treatment of the principle of complementarity, and the Role of Office of the Prosecutor”, International Criminal Law Review 5, p. 124.

[3] Corte Penal Internacional. (2009) “Situación en la República Democrática del Congo”, Decision on the Prosecutor’s Application for Warrants of Arrest, Article 58, Pre-Trial Chamber I, No. ICC-01/04-01/07, p. 36.

[4] YANG, L. “On the Principle of Complementarity in the Rome Statute of the International Criminal Court”, 4 Chinese Journal of Internal Law, p. 123.

[5] ICC-PTC I, Prosecutor v. Lubanga, (2006) Decision on the applications for participation in the proceedings of VPRS 1, VPRS-2, VPRS-3, VPRS-4, VPRS-5, VPRS-6 (ICC-01/04-101-tEN-Corr), para. 65.

[6] Ídem.