Ita Ius Esto - Revista de Derecho integrada por alumnos de la Universidad de Piura

El pedido de nulidad de los Decretos Supremos que aprueban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en la costa norte del Perú: La intervención de la Defensoría del Pueblo

 

 

Por Stefany Pierina Pérez Córdova[1]

El 21 de marzo del 2018, nuestro entonces Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, aprobó los Decretos Supremos N° 006-2018-EM, N° 007-2018-EM, N° 008-2018-EM, N° 009-2018-EM y N° 010-2018-EM sobre Contratos de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos – entre las empresas PERUPETRO S.A. y TULLOW PERU LIMITED SUCURSAL DEL PERÚ – en los Lotes Z-64, Z-65, Z-66, Z-67 y Z-68, ubicados en el zócalo continental frente a las costas de las provincias de Tumbes y Contralmirante Villar del departamento de Tumbes; Paita y Sechura del departamento de Piura; Chiclayo y Lambayeque del departamento de Lambayeque; Santa, Casma y Huarmey del departamento de Ancash, respectivamente.

Esto ocasionó, como era de esperarse, un creciente descontento entre la población de dichas zonas y, sobretodo, entre los pescadores, quienes veían su principal actividad laboral afectada por las consecuencias de las exploraciones y explotaciones realizadas por las mencionadas empresas petroleras, pues para llevarlas a cabo se utilizan técnicas que producen vibraciones en las placas tectónicas de nuestro Mar Peruano, haciendo que los peces que habitan los alrededores se alejen; y asimismo, se corre el riesgo de contaminar el ecosistema marino. Además, los gremios de pescadores aducían que los Decretos Supremos en cuestión fueron aprobados sin antes haber consensuado al respecto con la población, por lo que los consideraron ilegales.

Es por ello que el 27 de abril, previa coordinación entre ellos, los gremios y asociaciones de pescadores de las zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, ejecutaron una paralización generalizada en las principales carreteras y accesos a determinadas ciudades, pueblos y caletas de los mencionados Departamentos. Por poner un ejemplo, en la provincia de Talara del Departamento de Piura, se bloquearon las principales vías de acceso a sus respectivas localidades y, por varias horas de la mañana, tramos de la Panamericana Norte; incluso se suspendieron las clases escolares y el transporte público[2].

Ante esta situación que podía tornarse violenta y contravenir disposiciones legales, así como deslegitimar demandas sociales y reducir la posibilidad de un entendimiento a través del diálogo, que la Defensoría del Pueblo, a través de sus Oficinas Defensoriales ubicadas en las zonas afectadas, intervino invocando a los diversos gremios de pescadores y a la población a mantener la calma y a ejercer el derecho a expresarse públicamente sin recurrir a la violencia y sin afectar los derechos de los demás ciudadanos, respetando los bienes públicos y privados[3]. Los abogados Comisionados de dichas Oficinas Defensoriales se apersonaron a los lugares donde los pescadores se encontraban protestando, dialogaron con ellos y se aseguraron de que la paralización no se tornara violenta.

Ahora bien, querido lector, usted se estará preguntando qué tiene que ver la Defensoría del Pueblo en todo este conflicto social, o más aún, qué es la Defensoría del Pueblo. La respuesta a estas dos preguntas la podemos encontrar en el Artículo 162 de la Constitución Política del Perú y en el Artículo 1 de la Ley N° 26520 – Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, según las cuales la Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo del Estado cuya misión constitucional es defender los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

Asimismo, según lo establece el Artículo 9, inciso 1, de la Ley N° 26520, la Defensoría del Pueblo está facultada, en el ejercicio de sus funciones, a iniciar y proseguir cualquier investigación sobre los actos de la Administración Pública y sus agentes que afecten la vigencia plena de los derechos constitucionales de la población. Esto incluye, evidentemente, a los conflictos sociales[4], en el sentido de que toda intervención defensorial al respecto debe estar orientada a proteger derechos ciudadanos, contribuir a resolver los problemas, desalentar las opciones violentas y afirmar la institucionalidad democrática y los mecanismos de diálogo[5].

Pese a que los conflictos sociales son usuales en el día a día, es necesario identificar aquellas situaciones que pueden volverse violentas y que pueden evitarse a través del diálogo. Es aquí donde interviene la Defensoría del Pueblo que con la identificación, reporte e intervención en estos conflictos busca, precisamente, proponer algunos aportes en este propósito. Y es que el diálogo será siempre el mecanismo básico que acompaña a los procedimientos legales o que prevalece en una situación de conflictividad; sin embargo, no debe pretenderse que las mesas de diálogo o las mediaciones suplan el papel del Estado que tiene deberes que cumplir frente a la sociedad, uno de los cuales implica organizar una respuesta profesional y diligente para prevenir la violencia y el descontrol en el marco de los conflictos sociales[6].

En esa línea, y dentro de sus competencias, la Defensoría del Pueblo ayudó a propiciar una reunión entre el Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y los gremios de pescadores de la Macrorregión Norte, llevada a cabo el día 3 de mayo. En la cita realizada en Palacio de Gobierno, el Premier escuchó las demandas de los dirigentes pesqueros y anunció que, en un plazo no mayor a diez (10) días, la Presidencia del Consejo de Ministros revisará junto a los ministros el alcance de los Decretos Supremos para encontrar una salida satisfactoria para los pescadores. A consecuencia de ello, el 22 de mayo del 2018 se aprobó el Decreto Supremo N° 011-2018-EM, que deroga los Decretos Supremos N° 006-2018-EM, N° 007-2018-EM, N° 008-2018-EM, N° 009-2018-EM y N° 010-2018-EM, y además dispone que, en un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, se apruebe el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, el cual será de aplicación inmediata incluso a los procesos de contratación en trámite.

Así, podemos concluir diversos puntos en torno al tema tratado: el primero de ellos es que ante contrataciones estatales que envuelvan de alguna manera actividades laborales artesanales de la población, es necesario que la ciudadanía se involucre mucho más en el consenso entre el Estado y las empresas implicadas; el segundo, es que se debe hacer un extenso y muy detallado análisis de dichas contrataciones cuando se vea envuelto el ecosistema natural peruano, para evitar cualquier tipo de contaminación en él que las empresas pudieran ocasionar; en tercer lugar, que los conflictos sociales se vivencian en la vida cotidiana de los ciudadanos pero que no implican necesariamente una situación de violencia, la cual debe evitarse a toda costa, y una manera adecuada para hacerlo es por medio del diálogo; y, finalmente, que pese a que la Defensoría del Pueblo es un actor terciario en situaciones de este tipo, su intervención en apoyo y defensa de los derechos ciudadanos muchas veces es crucial y propicia un ambiente más armonioso para llevar a cabo el tan mencionado y necesario diálogo, sin excluir el hecho de que también ayuda frente a los entes estatales a través de recomendaciones y/o exhortaciones para que éstos lleven a cabo de manera óptima su labor, sin vulnerar los derechos fundamentales y constitucionales del pueblo.

 


[1] Alumna del sexto año de la facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Practicante pre-profesional del área de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo.

[2] Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad (abril 2018). Reporte de Conflictos Sociales N° 170, pp. 85-86.

[3] Ídem.

[4] «Proceso complejo en el que grupos sociales, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores y creencias son incompatibles o contradictorios, y esa contradicción puede derivar en violencia», definición propuesta por la Defensoría del Pueblo.

[5] Defensoría del Pueblo (julio 2007). Informe Extraordinario N° 02: Los conflictos socioambientales por actividades extractivas en el Perú, p. 27.

[6] Ídem.

Etiquetas: , , , , , ,

Comments are closed.