Ita Ius Esto - Revista de Derecho integrada por alumnos de la Universidad de Piura

La responsabilidad penal de los parlamentarios. Reflexiones a partir del caso de Michael Urtecho.

Por:  Francisco Álvarez Dávila

Qué duda cabe que una de las instituciones que vienen siendo pública y constantemente cuestionada es el Congreso de la República. Según el último sondeo realizado por la encuestadora de CPI, el 85.5% de la población peruana desaprueba la labor del Congreso, entre los motivos de dicha desaprobación tenemos: la corrupción en el parlamento, la falta de capacidad de los congresistas, repartos de puestos en la administración pública, entre otros.

Uno de esos índices de desaprobación y que vamos a analizar está relacionado con las denuncias de corrupción de las que son y han sido objeto varios congresistas de la República desde hace algunos años.

Casos emblemáticos y que, precisamente, han desatado críticas fuertes hacia los legisladores son muchos, sin embargo, no todos han corrido con el mismo destino, pues, es evidente, que existen, más allá de factores jurídicos para al avance de la acusación, factores políticos que, aunque parezca increíble, pueden bloquear una acusación constitucional para permitir una investigación a un congresista, o casos donde ciertos corazones partidarios terminan por absolver a los congresistas de imputaciones bastante sólidas.

Un pequeño recuento enunciativo, pero no limitativo, de casos que han pasado al escándalo político y social son:

1.  El caso del Congresista José Anaya.- Periodísticamente conocido como “El come pollo”, este congresista fue desaforado del Congreso y, posteriormente, condenado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por la comisión de los delitos de falsificación de documentos y peculado a 5 años de pena privativa de libertad efectiva, por haber presentado a la Oficina de Administración del Congreso boletas (falsificadas) por altas suma de dinero por concepto de consumo de pollo a la brasa y por pedir la devolución del monto total de un pasaje que fue donado por una organización europea.

2.  El caso de la Congresista Elsa Canchaya.- Esta congresista también fue expulsada del Congreso y, posteriormente, procesada por el Poder Judicial por delito de nombramiento ilegal para cargo público al comprobarse que había contratado como asesora de despacho congresal a la señora Jacqueline Simón, pese a que no contaba con los requisitos legales para ocupar esa plaza administrativa en el Congreso, sumado a que dicha persona en realidad se desempeñaba como nana en la casa de la congresista. Recientemente su caso ha cobrado nuevamente vigencia debido a una resolución del Tribunal Constitucional (en la sentencia recaída en el Expediente N° 3116-2012-PHC/TC), bastante cuestionada al declarar fundada una demanda de habeas corpus interpuesta a favor de la congresista en la cual buscaría acogerse a la figura de la prescripción penal respecto a los hechos por los cuales fue procesada.

3.  El caso de la Congresista Tula Benites.-  Esta ex congresista aprista fue acusada de contratar a un supuesto auxiliar fantasma que nunca llegó a trabajar y que dejó su cuenta corriente a disposición de la ex – parlamentaria. Este fue un caso que se discutió por mucho tiempo para lograr no solo la suspensión de sus funciones parlamentarias (gracias al apoyo de la bancada aprista; gobierno de turno en esa época), sino también para lograr la acusación constitucional para permitir al Poder Judicial el inicio de un proceso penal (inclusive existió una votación en reconsideración del Parlamento para lograr aprobar la acusación constitucional). Sin embargo, a pesar de las evidencias que existían en este caso, el Fiscal Peláez (muy vinculado al partido APRISTA) solicitó el archivamiento del proceso por los delitos de colusión desleal y peculado, lo cual también fue recogido por el propio Poder Judicial.

Desde hace tres semanas, a partir de una denuncia periodística del Programa Cuarto Poder, se vienen conociendo diversas irregularidades (de carácter ilícito) que tiene como principal actor al congresista por el Departamento de la Libertad, Michael Urtecho.

Las imputaciones contra el Congresista Urtecho se pueden agrupar en:  (i) Haber contratado para eventos institucionales del Congreso a proveedores fantasmas; (ii) Justificar sus gastos operativos por consumos irregulares o inexistentes; (iii) Haber contratado empleados fantasmas y recortar indebidamente sus sueldos; (iv) no poder justificar la compra de un edificio valorizado en más de US$ 1, 000,000.00 construido en la zona residencial de El Golf en el Departamento de la Libertad.

Sin embargo, debido a la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria con la que cuenta el congresista Urtecho, el camino no resulta ser tan sencillo para asegurar, primero, que el propio parlamento formalice la denuncia constitucional que abre la puerta para poder iniciar formalmente un proceso contra el congresista y, en segundo lugar, puesto que, aún luego de la formalización de la denuncia constitucional, no es tan sencillo garantizar que se logre una efectiva condena para dicho parlamentario ya que la delimitación de la imputación penal no corresponde a la Fiscalía o al Poder Judicial, sino al propio parlamento.

Sobre el primer punto, es decir, relacionado a la denuncia constitucional, recordemos que los congresistas gozan de inmunidad parlamentaria, por tal motivo no pueden ser procesados o investigados de forma libre por partes de las autoridades judiciales o fiscales. Para ello, es necesario realizar el procedimiento de antejuicio político, mediante el cual el Pleno del Congreso debe debatir y aprobar la acusación constitucional que es preparada y analizada por la Subcomisión de Acusación Constitucionales.

Es allí donde existe un obstáculo, de carácter esencialmente político, que puede impedir el procesamiento penal de un parlamentario, pues muchas veces los partidos, que realizan alianzas, terminan bloqueando la acusación constitucional y no se consiguen los votos necesarios para la aprobación del pleno. Un caso especial y que permite ejemplificar como los partidos políticos pueden bloquear la acusación constitucional fue el de la votación para la aprobación de la acusación constitucional de la congresista Tula Benites. En este caso, el Pleno, en primer término, no aprobó la acusación constitucional al no conseguirse la mayoría parlamentaria, sin embargo, y en un hecho casi inédito (debido a la presión de la prensa y de la sociedad), el Congreso planteó una reconsideración al día siguiente de la primera votación y se logró aprobar la acusación constitucional. Este último hecho, sino recuerdan, originó que la congresista Benites interpusiera una demanda de habeas corpus, la cual el Tribunal no entró a analizar debido a que los hechos ya habían sido judicializados, aunque se generaron dos votos singulares que opinaban porque la demanda fuera declarada fundada.

Finalmente, el segundo obstáculo que se presentan en estos casos está relacionado a un despojo de la facultad de delimitación de la imputación jurídica penal que ostenta el Ministerio Público –que constitucionalmente es el único titular de la acción penal, puesto tanto el Poder judicial como el Ministerio Público solo pueden investigar y procesar al parlamentario según los términos de la acusación constitucional que es aprobada por el Pleno del Congreso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 100° de la Constitución.

Es aquí donde no existe la garantía de que el procesamiento penal pueda concluir en una efectiva sentencia condenatoria contra el parlamentario, pues sumada a la dificultad de encontrar suficientes evidencias, nos podemos encontrar con problemas en la correcta tipificación de las conductas que pueden ser investigadas.

Este modelo es ciertamente criticado ya que al Congreso se le atribuye una facultad jurisdiccional y fiscal respecto a la calificación jurídica  de los hechos que serán más adelante investigados, cuando en realidad el Parlamento solo debería tener la facultad de aprobar el procesamiento del parlamentario y los hechos que serán debatidos a nivel judicial.

La forma de levantar la crítica a este modelo vendría a través de una modificación constitucional al artículo 100° de la Constitución, pues se le podría otorgar a la judicatura ordinaria la facultad de ampliar el auto de abrir instrucción con el propósito de adecuar los hechos objeto de acusación constitucional a una correcta tipificación penal de los mismos, y para lo cual no sería necesario un previo pronunciamiento ampliatorio del Congreso (el ámbito fáctico quedaría permanente, es decir, inalterable).

Si se hace una revisión de las últimas noticias y opiniones de algunos juristas en estos temas, existe una diversidad de posibles imputaciones penales respecto a la actuación del congresista Urtecho (unos consideran que hay delito de peculado y concusión, otros que existe extorsión y falsedad genérica), mientras que el Presidente de la Comisión de Ética del Parlamento ha adelantado que Urtecho podría ser procesado por los delitos de estafa, concusión y enriquecimiento ilícito. Esto nos vuelve a la realidad del problema de la correcta calificación penal de los hechos.

Mientras no exista ninguna modificación del mencionado artículo 100°, la expectativa de una adecuada imputación penal respecto a las irregularidades cometidas por el congresista Michael Urtecho, se encuentran en manos del Parlamento y su privilegiada facultad para delimitar la calificación jurídico-penal de los hechos. Ojalá otorongo no coma otorongo, como reza la frase popular.

 

Francisco Álvarez Dávila es abogado por la Universidad de Piura, especializado en Derecho Penal.

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