Ita Ius Esto - Revista de Derecho integrada por alumnos de la Universidad de Piura

Las Medidas Cautelares Procesos Judiciales a la luz del artículo 159 del Código Tributario

Por Julio Panta[1]

 

  1. I.    Contexto

 

A propósito del afán del Estado Peruano por fortalecer la economía nacional[2], el 12 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley No. 30230, a través de la cual se aprobó la Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”, la misma que trajo consigo un paquete de medidas para promover la inversión, destrabando algunos procedimientos y realizando modificaciones normativas.

 

Dentro de las medidas tributarias adoptadas, el artículo 7 de la mencionada Ley modificó el artículo 159 del Código Tributario –el cual fue introducido por el Decreto Legislativo No. 1121-  estableciendo criterios aplicables a las medidas cautelares en procesos judiciales.

 

Dentro de las modificaciones encontramos las siguientes:

 

MODIFICACIONES AL ARTÍCULO 159 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO

Criterio

Decreto Legislativo No. 1121

Ley No. 30230

Contracautela personal

100%

60%

Contracautela real

100%

60%

Traslado a la Administración Tributaria

A efectos de que se pronuncie sobre los fundamentos de la solicitud y señale el monto de la deuda actualizada a la fecha de la misma

A efectos que señale el monto de la deuda actualizada a la fecha de la solicitud y se pronuncie sobre la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora

Monto máximo de la deuda para ofrecer Caución Juratoria

5 UIT

15 UIT

 

En primer término se estableció que para los casos en que se ofrezca contracautela personal, el valor de la carta fianza disminuya del 100% al 60% del monto por el cual se conceda la medida cautelar. Del mismo modo, en los casos en que se ofrezca contracautela real, ésta deberá ser de primer rango y deberá cubrir el 60% del monto por el cual se concede dicha medida, a diferencia de la norma anterior que establecía que se debía cubrir el íntegro del monto de la deuda. Así también, respecto del traslado a la Administración Tributaria de la solicitud cautelar del contribuyente, la norma ha establecido que se le deberá correr traslado por 5 días hábiles a efectos que se pronuncie respecto sobre la verosimilitud del derecho y el peligro que involucra la demora en el proceso. Finalmente se ha incrementado de 5 a 15 UIT el monto por el cual se puede solicitar una medida cautelar, ofreciendo como contracautela la tan famosa e histórica caución juratoria o promesa de pago.

 

  1. II.   Las Medidas Cautelares en materia tributaria

 

Resulta oportuno hacer una breve referencia a la dinámica de las medidas cautelares en materia tributaria. Para ello es necesario mencionar que una vez agotada la instancia administrativa, en caso de no obtener un resultado favorable, los contribuyentes pueden iniciar un Procedimiento Contencioso Administrativo o eventualmente ir al Tribunal Constitucional.

 

Sin embargo, en virtud del artículo 115 del Código Tributario, una vez que el Tribunal Fiscal emite pronunciamiento, la deuda tributaria se hace exigible, dando pie a que la Administración Tributaria proceda a efectuar su cobro e incluso lo haga coactivamente. Dicha entidad otorga 7 días hábiles al contribuyente para que haga efectivo el pago de la deuda, plazo que resulta ser improrrogable.

 

Actualmente sucede que una vez resuelto el caso por el Tribunal Fiscal, probablemente a la semana la Administración Tributaria emita la Resolución de Ejecución Coactiva[3] y ante ello, la única forma de suspender esa cobranza es mediante un pronunciamiento judicial a través del cual se ordene a la Administración Tributaria dicha suspensión. Éstas son las famosas Medidas Cautelares.

 

Ello supone que una vez notificada la Resolución del Tribunal Fiscal, el contribuyente tenga que presentar su demanda y quedar a la espera que ésta sea admitida a trámite, para que posteriormente proceda a solicitar la medida cautelar correspondiente, resultando altamente probable que se termine corriendo traslado de dicha solicitud a la Administración Tributaria luego que la misma haya hecho efectivo el cobro de la deuda tributaria.

 

Esto claramente estaría poniendo en contraposición, por un lado el interés de los contribuyentes de asegurar el efectivo cumplimiento de la sentencia que ponga fin al proceso judicial, y por otro, el interés recaudador de la Administración Tributaria exigiendo en forma inmediata el pago de las deudas tributarias.

 

III. Análisis del problema

 

Cierta parte del sector privado[4] cuestiona la constitucionalidad del artículo 159 del Código Tributario. al considerar que se estaría vulnerando el derecho a la igualdad, sosteniendo que no existe razón para dar un trato diferenciado a los contribuyentes, toda vez que para el caso, por ejemplo, de tributos municipales, la sola presentación de la demanda suspende la cobranza coactiva, lo que no sucede con los tributos administrados por la Administración Tributaria, en los cuales se requiere un pronunciamiento judicial para tal suspensión; el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que aun cuando la norma le otorga al juez la posibilidad de pronunciarse respecto del pedido cautelar, en la realidad puede pasar que en el momento de la decisión, la Administración Tributaria ya ha cobrado la deuda, quedando una imposibilidad material del cumplimiento de dicho pronunciamiento judicial; el principio de autonomía e independencia de los jueces, toda vez que es el juez quien decide efectivamente si corresponde una contracautela, caución juratoria o carta fianza y hasta que monto y en qué tiempo corresponde variarla; el principio de discrecionalidad razonable, el cual exige que sean sólo los jueces quienes evalúen la variabilidad de las medidas cautelares; y finalmente el derecho a una decisión justa, al considerar que no tiene sentido ofrecer contracautela si ya se ha obtenido un pronunciamiento favorable en 1ra instancia judicial.

 

Ya en este punto cabe preguntarnos lo siguiente: ¿es posible entender el artículo 159 del Código Tributario a la luz de la Constitución? El Tribunal Constitucional ha establecido que para efectos de determinar si una norma es inconstitucional se ha de interpretar en base a ciertos principios de interpretación y uno de ellos es el principio de interpretación conforme a la Constitución. Por tanto, si de la interpretación de la norma se asegura el cumplimiento de la sentencia que pone fin al proceso, satisfaciendo el derecho al debido proceso de los contribuyentes, y a su vez se asegura el crédito tributario, estaremos ante una situación de equilibrio y armonía en el sistema.

 

Al respecto, en opinión del abogado tributarista Percy Bardales Castro[5] –opinión que compartimos- la respuesta a la interrogante resulta ser positiva. Para ello, lo primero que debemos preguntarnos es ¿asegurar el crédito tributario, significa recaudación inmediata o significa recaudar cuando corresponde? Es claro, que la recaudación inmediata o el cobro anticipado de la deuda tributaria que ha sido materia de impugnación supone un acto contraproducente tanto para el contribuyente como para la Administración Tributaria. Por un lado, supone una afectación –en algunos casos, considerable, dependiendo de los intereses generados- del patrimonio de los contribuyentes, quienes aún tienen la posibilidad de obtener un resultado favorable al final del proceso judicial; y por otro lado, supone una afectación al Estado, pues si el contribuyente logra obtener un resultado favorable definitivo, la Administración Tributaria deberá devolver lo ejecutado coactivamente con una tasa del 14,4% anual, monto que podría llegar a ser excesivo.

 

En ese sentido, señala que la presentación de una garantía personal o real –carta fianza o hipoteca- en estricto está estableciendo una medida que facilita el normal y eficaz desarrollo de los procesos judiciales seguidos por los contribuyentes. No otorgar una medida cautelar frente al ofrecimiento, por ejemplo, de una carta fianza (con requisitos establecidos por ley, como su carácter incondicional e irrevocable), resulta desde todo punto de vista irrazonable, pues no se está afectando en forma alguna el crédito tributario.

 

Por tal motivo, será el juez quien deberá ponderar en cada caso concreto, evaluando al contribuyente, tomando en cuenta el cumplimiento de ciertas políticas corporativas y tributarias para que puedan ser calificados a efectos de que puedan acceder a una medida cautelar –suspensión de cobranza coactiva- con la sola presentación de la carta fianza, pues ello estaría asegurando el crédito tributario y en caso resulte un pronunciamiento favorable para la Administración Tributaria, ésta podría ejecutarla sin ningún problema.

De otro lado, el último párrafo del artículo 159 del Código Tributario establece que el régimen cautelar tributario no es aplicable a los procesos regulados por Leyes Orgánicas, básicamente y para afectos de lo que nos importa, se estaría refiriendo al proceso de amparo, proceso sobre el cual no recaen las reglas del presente artículo. Por tanto, ¿no será entonces que al día de hoy, por remisión de esta misma norma y producto de esta situación, es que la vía del Proceso Contencioso Administrativo y del proceso ordinario, no es una vía satisfactoria para tutelar derechos fundamentales en materia tributaria?

 

En tal caso, para Percy Bardales, al ser el Proceso de Amparo una vía residual, quizás pueda ser ésta la mejor forma de poder suspender una cobranza coactiva y asegurar tanto el crédito tributario como la propiedad de los contribuyentes.

 

Finalmente, y a manera de conclusión, es claro que aún hay un espacio para modular y ponderar los pronunciamientos judiciales y sobre todo la actuación de la Administración Tributaria, pues solamente dejando correr la aplicación de la norma es que uno puede ver si el beneficio o el balance fue bueno, pero que en los casos de pronunciamiento cautelares en trámite, mencionado autor considera que la Administración Tributaria debería sujetar su cobranza coactiva al pronunciamiento de primera instancia a efectos de equilibrar los intereses de los involucrados.



[1] Bachiller por la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Asistente de Litigation Tax Service en EY.

[2] Así lo señaló el Presidente Ollanta Humala, quien afirma que los paquetes reactivadores fortalecerán el posicionamiento del país en la comunidad internacional generando confianza ante la inversión extranjera. Asimismo la Cámara de Comercio de Lima, anunció que la economía peruana crecería entre 3.8%  y 4.3% este año. Véase http://gestion.pe/economia/economia-peruana-creceria-entre-38-y-43-este-ano-proyecta-ccl-2103132

[3] Así lo establece el artículo 117 del Código Tributario, el cual establece que “El Procedimiento de Cobranza Coactiva es iniciado por el Ejecutor Coactivo mediante la notificación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución Coactiva, que contiene un mandato de cancelación de las Órdenes de Pago o Resoluciones de Cobranza, dentro de los siente (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzosa de las mismas, en caso que estas ya se hubieran dictado (…)”.

[4] Dentro de ellos, el Dr. Javier García Vargas, Socio del Estudio García Sayán Abogados y el Dr. Giovanni Priori, Socio del Estudio Priori & Carrillo Abogados, entre otros.

[5] Abogado Tributarista por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Socio de EY.


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