Ita Ius Esto - Revista de Derecho integrada por alumnos de la Universidad de Piura

Leyes siamesas

LEYES SIAMESAS: LEY 39/2015 Y LEY 40/2015, LEYES QUE MODIFICAN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Por: Ursula Alberca Salas y Antuanette Hurtado Espinoza

 

 Sumilla. 1. Introducción 2. Aspectos Generales 3. Un acercamiento a la Ley de procedimiento administrativo común: ley 39/2015 y su importancia 4. Un acercamiento a la ley 40/2015. 5. Conclusiones.

 

Resumen

Se estudia ordenadamente las recientes leyes publicadas en España que modifican el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público del ordenamiento jurídico español. Se explica de manera ordenada los aspectos más relevantes de ambas leyes así como las nuevas incorporaciones destinadas a modernizar  la administración pública española. Se analizan de estas normas los aspectos generales y peculiaridades respecto de sus predecesoras.

Palabras clave: administración electrónica, sector público

Abstract

 Recent published laws in Spain are tidily studies because these laws modify the common administrative procedure of the public administration and the public sector regime. The most relevant aspects about both laws are explained in an organized way, also new additions in order to achieve an updating in the spanish public administration.

 These laws’ general aspects and peculiarities are analyzed in respect of their predecessors.

Key words: electronic administration, public sector

 

  1. Introducción

En el  presente artículo, se analizan someramente las leyes 39/2015 y 40/2015 que modifican el procedimiento administrativo en el ordenamiento jurídico español, conocidas comúnmente como leyes siamesas. Esta denominación se les atribuye debido a que fueron publicadas simultáneamente en el Boletín Oficial, pero cada una se circunscribe a un ámbito de aplicación propio. Pretenden constituirse como los pilares sobre los que se asentará el Derecho Administrativo español[1].

Por un lado la ley 39/2015 regula el procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, por otro la ley 40/2015 desarrolla la regulación del régimen jurídico del sector público. Asimismo la aprobación de estas normas es fruto de los trabajos de la  Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de “modernizar el sector público español”[2].

  1. Aspectos generales

Un primer aspecto común de ambas leyes es que el conjunto de materias  a  tratar  es muy amplio y variado, en este sentido llega a abordar por ejemplo, los requisitos de validez  y eficacia de los actos administrativos[3].

En segundo lugar, se recoge el contenido de leyes promulgadas anteriormente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos[4].

 Con la promulgación de las leyes siamesas se pretende una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas, con el fin de configurar un ordenamiento jurídico sólido[5].

En tercer lugar, como consecuencia de lo anterior se produce una reducción en la legislación  al dividirse el bloque de legalidad administrativa en dos leyes cuya finalidad es separar la dimensión estática referida a la organización,  es decir, la regulación “ad intra” del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas, de la dimensión dinámica referida al procedimiento, es decir, la ordenación de las relaciones “ad extra” de las Administraciones con los ciudadanos y empresas[6].

Finalmente, un aspecto significativo es el reto de implementar medios tecnológicos que garanticen la relación entre la Administración Pública y el administrado, lo que deberá suponer cambios organizativos y nuevas aptitudes de la misma.

  1. Un acercamiento a la ley del procedimiento administrativo común: ley 39/2015 y su importancia

La Ley 39/ 2015 que entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, (el día 2 de octubre de 2016)  tiene múltiples particularidades  una de ellas es que  las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley (2 de octubre de 2018)[7].

La norma distingue entre “Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas” (artículo 13) y “Derechos del interesado en el procedimiento administrativo” (artículo 53). Podría decirse que ambos artículos vienen a recoger gran parte de las previsiones que se contenían en el artículo 35 “Derechos de los ciudadanos” de la Ley 30/1992, su antecesora[8].

En la nueva norma no se aprecia la supresión de derecho alguno de los reconocidos hasta ahora (por ejemplo: a acceder a la información pública, a conocer el estado de tramitación de los procedimientos), por el contrario, sí se añaden nuevos derechos cuyo fundamento se encuentra en la nueva configuración de la Administración electrónica. Se pueden destacar que se incluyen, entre otros, los siguientes derechos: derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración; a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas; a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica; a la protección de datos de carácter personal, en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas; y,  a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos en la Ley[9].

En relación a la validez y eficacia de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se notifican, excepto los casos de eficacia retroactiva (artículo39.3)[10], se vuelve a  regular la nulidad de pleno de derecho (artículo 47, Ley 39/2015)  cuyo nacimiento legal se dio con la ley del 17 de julio de 1958. Lo cierto es que la nulidad de pleno derecho en cuanto a institución debe su configuración actual a un proceso evolutivo del sistema de recursos administrativos y contenciosos administrativos del ordenamiento jurídico español[11]. Por último con respecto a la anulabilidad, se recoge de manera expresa como una figura independiente y se diferencia de la nulidad en tanto puede convalidarse en virtud de la conservación de los actos viciados.

La ley trata con especial detenimiento el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que han  venido afectando profundamente a la forma y al contenido de las relaciones de la Administración con los ciudadanos y las empresas. Es conveniente recordar que la utilización de las TIC en las administraciones públicas es un proceso antiguo ha venido desarrollándose de manera continuada y progresiva, desde hace más de 40 años[12]. La aparición del Internet, el desarrollo de las comunicaciones móviles y la profusión de terminales de distancia de distinta naturaleza entre los ciudadanos y empresas han acelerado sin lugar a duda este proceso de implantación  de las TIC en las administraciones públicas y han permitido la cristalización a partir de finales de los 90 del concepto de administración electrónica[13].

Las obligaciones que pesan sobre las administraciones en materia de medios electrónicos garantizar y prestar asistencia a los interesados; brindarles  la posibilidad de relacionarse con ellas por medios electrónicos, para esto deberán poner a  disposición de los administrados los sistemas y aplicaciones necesarios; por ejemplo, las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada administración u organismo, el mismo precepto nos aclara que por “comparecencia en la sede electrónica”, debe entenderse el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación (artículo 43)[14].

En cuanto a las relaciones interadministrativas, se establece que son dos los principios que rigen estas relaciones: los principios de cooperación, que es voluntaria; y la coordinación, que es obligatoria. Así mismo como principios generales los principios de transparencia y de planificación y dirección por objetivos, lo cual fomenta mayor transparencia y un funcionamiento más ágil de las Administraciones Públicas[15].

  1. Un acercamiento a la ley 40/2015

La Ley 40/2015 del Régimen jurídico del sector público, regula “ad intra” el funcionamiento de cada Administración pública y sus relaciones[16].

Entre los cambios que trae consigo esta nueva ley encontramos la introducción de disposiciones con el fin de evitar o reducir el gasto. Por ejemplo, para la creación de nuevos órganos, se exige la previa comprobación de que no exista ninguna duplicidad con los existentes; se prevé que los órganos colegiados al celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y elaborar y remitir las actas de sus reuniones, utilicen medios electrónicos, consagrando la teleconferencia como una forma válida de celebración de las sesiones de los órganos colegiados[17].

Se recogen principios relativos al ejercicio de la potestad sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Y se introducen cambios en la regulación de la «responsabilidad patrimonial del Estado Legislador» por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unión Europea, y se establece que tienen que concretarse las condiciones para que pueda proceder la indemnización que corresponda[18].

Así mismo, respecto a los convenios administrativos, se desarrolla su régimen, fijándose su contenido mínimo, clases, duración, extinción y asegurando su control por el Tribunal de Cuentas[19].

Se establece dos obligaciones para todas las Administraciones Públicas: la primera, inscribir la creación, transformación o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local; lo que no solo permitirá contar con información completa, fiable y pública del número y tipos de organismos públicos y entidades existentes en cada momento, sino también simplificará las instituciones del sector público; y la segunda, que todas las Administraciones están obligadas a contar con un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, que conlleve la formulación periódica de propuestas de transformación, mantenimiento o extinción[20].

En cuanto a las relaciones interadministrativas, se establece que son dos las técnicas que rigen estas relaciones: la cooperación, que es voluntaria; y la coordinación, que es obligatoria. Como principios generales de las relaciones interadministrativas se establecen los de transparencia, planificación y dirección por objetivos, lo cual fomentará un funcionamiento más ágil de las Administraciones Públicas[21].

  1. Conclusiones:

Las características que resaltan en la Ley 39/2015 son las siguientes:

1. Imponen el procedimiento electrónico; así por ejemplo el expediente administrativo se impulsará  bajo los principios de celeridad y de oficio a través de medios electrónicos[22].

2. Se reconoce como un derecho del ciudadano, elegir el medio a través del cual se relacionará con la Administración Pública[23].

3. El Estado apoyará a las Administraciones Públicas para implementar el registro, el archivo electrónico, los registros de apoderamiento, plataformas de intermediación  de datos y otros. También se plantea que los gobiernos locales por su parte están obligados a implantar medidas que recojan los planteamientos de la administración electrónica, por ejemplo, deberán: adquisición de mejoras, gestión interna del cambio, cursos de formación y otros, todo ello recoge la definición de la Unión Europea que no solo la define como la incorporación de las TIC sino como un  proceso de cambios organizativos y nuevas aptitudes[24].

4. La ley 40/2015, por su parte, simplifica las instituciones del sector público, sistematizando los tipos de entidades y organismos públicos que puedan existir en la Administración. Asimismo, regula el funcionamiento de estas instituciones mediante la utilización preferente de los medios electrónicos y bajo los principios de transparencia y de planificación y dirección por objetivos; con ello se persigue que las relaciones interadministrativas estén sujetas a las técnicas de cooperación y coordinación[25].


[2] Ley 40/2015, BOE-A-2015-10566, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, p. 2.

[3] Cfr. Chaves García, J. R.,” El BOE alumbra siamesas administrativas: Ley 39/2015 de Procedimiento y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico”, https://delajusticia.com/2015/10/02/el-boe-alumbra-siamesas-administrativas-ley-392015-de-procedimiento-y-ley-402015-de-regimen-juridico/, consultado el 15/06/16, p. 3 y ss.

[4] Ley  39/2015, BOE-A-2015-10565, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de la administración pública, p.3.

[5] Ibídem, p. 3.

[6] Ibídem, p. 1-2.

[7] Cfr. Companys Alet, A.,  “Principales novedades introducidas por las leyes 39/2015 y 40/2015 en materia de procedimiento administrativo y régimen jurídico de las administraciones públicas”http://www.uria.com/documentos/publicaciones/4798/documento/foro04.pdf, consultado el 10/06/16, p.1.

[8] Ibídem, p. 5.

[9] Cfr. López Martínez, J., “106 Preguntas y Respuestas sobre los aspectos más destacados de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común”, http://www.icali.es/PORTAL_ICALI/archivos/ficheros/1444322448127.pdf, consultado el 15/06/16, p. 9.

[10] Ley 39/2015,artículo 39.3 “Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas”.

[11] Santamaría Pastor, J. A.,  La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos, iea, enap, Madrid 1972, p. 303.

 

[12] Alabau  Muñoz, A.,  La Unión Europea y su política para el desarrollo de la administración electrónica, Fundación Vodafone, Madrid, 2004, p. 30.

[13] Ibídem, p. 31.

[14] Cfr. López Martínez, J., “106 Preguntas y Respuestas sobre los aspectos más destacados de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común”, http://www.icali.es/PORTAL_ICALI/archivos/ficheros/1444322448127.pdf , consultado el 15/06/16, p.17.

[15] Ley 40/2015, BOE-A-2015-10566, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, p. 3.

[16] Ley 40/2015, BOE-A-2015-10565, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, p. 2.

[17] Cfr. Chaves García, J. R.,” El BOE alumbra siamesas administrativas: Ley 39/2015 de Procedimiento y Ley 40/2015 de Régimen Jurídico”, https://delajusticia.com/2015/10/02/el-boe-alumbra-siamesas-administrativas-ley-392015-de-procedimiento-y-ley-402015-de-regimen-juridico/, consultado el 15/06/16, p.3 y ss.

[18] Ley 40/2015, BOE-A-2015-10565, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, p. 3.

[19] Ibídem, p. 8-9.

[21] Ley 40/2015, BOE-A-2015-10565, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, p. 10.

[24] Ibídem, consultado el 17/06/16.

[25] Cfr. http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10539-contenido-y-novedades-de-la-ley-40-2015-de-1-de-octubre-de-regimen-juridico-del-sector-publico/, consultado el 15/06/16.

Ursula Alberca Salas y Antuanette Hurtado Espinoza son alumnas del IV año de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, campus Piura, miembros del Taller de Derecho Administrativo.

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