Ita Ius Esto - Revista de Derecho integrada por alumnos de la Universidad de Piura

Plazo para declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo

Por: Oscar Javier Vásquez Palacios 

Según la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), el plazo para declarar la nulidad de oficio es de un (1) año contado desde que el acto administrativo quedó consentido[1].

A pesar que el plazo se encuentra previsto con claridad, no sucede lo mismo respecto a desde cuándo éste debe ser computado. Esto último, porque la ley no ha determinado qué debe entenderse por acto consentido.

Lo anterior ha originado que en la práctica las Entidades Públicas, especialmente las municipalidades, computen un plazo de quince (15) días hábiles en adición al año previsto, sosteniendo que en todos los casos, el acto queda consentido una vez vencido el plazo legal para impugnarlo[2].

Desde nuestro punto de vista, esta interpretación es errónea y sólo debe aplicarse para  los actos administrativos que resulten desfavorables para el administrado. Para los favorables o beneficiosos, como es el caso de las licencias de funcionamiento o de edificación, el plazo debe ser sólo de un (1) año, pues a estos debe presumírseles  consentidos y eficaces desde su emisión. Tal como lo establece la ley[3].

De no entenderse así, el ejercicio de la potestad nulificante terminará afectando el principio de legalidad, pues las entidades estarían aplicando un plazo mayor al otorgado expresamente por ley, amparándose erróneamente en plazos previstos para la impugnación administrativa.

Qué pasaría por ejemplo con las resoluciones emitidas por órganos que no cuentan con superior jerárquico y en consecuencia, su impugnación sólo podría ser mediante un recurso de reconsideración (que es opcional) o mediante la interposición de una demanda contencioso-administrativa. ¿En qué momento quedan consentidas? Si se entiende que ello ocurre transcurridos los tres (3) meses para interponer la demanda contencioso-administrativa, la nulidad de oficio podría dictarse luego de transcurrido el año de ley más los tres (3) meses para su consentimiento.

Esta situación resulta claramente contraria a los intereses de los administrados, y mientras las Entidades Públicas no tengan claro lo anterior, para evitar cualquier discusión posterior, es recomendable que cuando se nos otorgue una licencia municipal o algún acto administrativo que nos favorezca, inmediatamente hagamos saber a la autoridad que la “consentimos”, es más, que la “consentimos desde su emisión”.

[1]           LPAG. Artículo 202.- Nulidad de oficio

202.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe al año,  contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos

[2]           LPAG. Artículo 207.- Recursos administrativos

207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días

[3]           LPAG. Artículo 16.- Eficacia del acto administrativo

16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición diferente del mismo acto.

 

 Oscar Javier Vásquez Palacios es Abogado por la Universidad de Piura. Asociado de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.


Comments are closed.