Situación de atención urgente en relación a la entrada de venezolanos al Perú

 

Jennifer Truyenque Palacios

 

La crisis económica, política y social que se vive en Venezuela, -aunada a las medidas totalitarias que se han desplegado por parte del gobierno-, ha conllevado al desplazamiento de miles de sus habitantes hacia países vecinos, en busca de mejores condiciones y oportunidades, sobre todo a países latinoamericanos, que cuentan con una flexible regulación migratoria que facilita la entrada y permanencia en el país, o el tránsito hacia otro destino final. Sin embargo, este gran flujo migratorio ha originado diversos problemas en los países receptores, quienes –junto a las circunstancias propias- tienen que reestructurar sus políticas o diseñar otras nuevas con el fin de hacer frente a este fenómeno migratorio, -que viene aumentando en los últimos meses-, en aras a brindar protección a los extranjeros, así como salvaguardar la seguridad e intereses de sus propios ciudadanos.

Si bien es cierto, existe una obligación internacional de “no rechazo” o “no devolución”[1], así como los principios de protección a los derechos fundamentales de los extranjeros, de integración y no discriminación, que buscan garantizar el respeto a la dignidad de la persona, así como el goce y ejercicio de su derechos y libertades; estableciéndose políticas que regulen de modo integral el tránsito internacional; también se debe tener en cuenta el principio de formalización migratoria[2] por el cual, el estado peruano promueve diversos mecanismos de regularización de la situación migratoria acorde a la normatividad vigente. Es así, que se deben seguir los procedimientos establecidos para la entrada en un determinado país o para adquirir la calidad migratoria correspondiente.

En ese sentido, se debe analizar el caso de cada extranjero que ingrese al país, estudiar la posibilidad de brindarles protección internacional, pero corresponde a ellos un deber de solicitar y tramitar por conducto regular la condición migratoria correspondiente, a efectos de asegurar el orden y seguridad de cada país. Se debe atender a los requisitos y disposiciones estipulados en los tratados y convenios internacionales, Constitución Política y otros instrumentos legales para la calificación y obtención del estatuto jurídico de migrante, asilado o refugiado.

El primero, según ACNUR[3], los migrantes económicos son aquellas personas que salen de su país en busca de mejoras laborales, en ocasiones provienen de países con índices altos de pobreza. El segundo concepto, según la Ley N° 27.840[4], define el asilo como: “la protección que el Estado otorga en su territorio al extranjero considerado perseguido por motivos o delitos políticos y cuya libertad o vida se encuentre en peligro. El asilo concedido dentro de las fronteras del Estado se denomina territorial y el concedido en la sede de las misiones diplomáticas incluyendo las residencias de los Jefes de Misión, y en naves, aeronaves o campamentos militares del país en el exterior, se considera Diplomático (…)”. Asimismo, se considera esta figura como una gracia que puede o no otorgar un estado según sus lineamientos y calificaciones debidas. Cabe recalcar que Perú ha firmado y ratificado la convención de Caracas, donde se regula los alcances de este derecho.

Respecto a la última figura, nuestro país es un Estado Parte de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados y su Protocolo de 1967. Asimismo se rige por la Ley de Refugiados[5] y su reglamento, la cual establece la definición, garantías y obligaciones de los refugiados, y los solicitantes de la condición de refugiado, así como los lineamientos para el otorgamiento o el rechazo de la misma, también crea la Comisión Especial de Refugiados, encargada de recibir, analizar y resolver las solicitudes de asilo. Según ACNUR los refugiados son: “personas que no pueden regresar a su país de origen debido a un temor fundado de persecución, conflicto, violencia u otras circunstancias que hayan perturbado seriamente el orden público y que, como resultado, requieran protección internacional”.

A su vez, cabe recalcar que existe un concepto híbrido, que también puede ser aplicado al caso concreto, como es la figura del “ingresante”, que presenta muchas similitudes con la práctica del asilo diplomático, en tanto ambas figuras demandan una protección inmediata y eficaz de la persona, en respuesta a la vulneración de los derechos fundamentales de la persona y guarda un iter procedimental que sigue los siguientes pasos: “presentación de una solicitud, calificación de la misma y un salvoconducto o permiso de abandonar el estado sin ser capturado”[6].

Es evidente, que la migración de venezolanos a territorio peruano ha alterado ciertos aspectos de nuestra cotidianidad, por ello se han desplegado diversas medidas para poder sobrellevar esta situación. El año pasado, entró en vigor el Decreto Legislativo 1350 y su reglamento[7], así como el Decreto Supremo 002-2018[8], mediante estos dispositivos legales el gobierno peruano dispuso el otorgamiento y los lineamientos del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) como una medida humanitaria, el cual les permite regularizar su situación migratoria por el lapso de un año y la posibilidad de acceder a un trabajo formal, servicios esenciales, como son: educación y salud. Los requisitos para acceder al PTP son: haber ingresado regularmente al territorio nacional, no tener antecedentes penales o judiciales a nivel nacional e internacional, estar en situación irregular como consecuencia del vencimiento de su autorización de permanencia o residencia, entre otros. El último decreto del PTP[9] establece que pueden regularizar su situación migratoria los venezolanos que ingresen al Perú hasta el 31 de diciembre de 2018.

Del mismo modo mediante comunicado N° 002-2018 de Migraciones se dispuso que aquellos Venezolanos que obtuvieron a inicios de 2017 el PTP pueden gestionar la Calidad Migratoria Especial Residente, con el fin de mantener una estadía regular.

Estas medidas, han beneficiado a miles de venezolanos en nuestro país, pero, para una entrada más ordenada y segura de los mismos, en el presente año se precisó la exigencia del pasaporte para todos los ciudadanos extranjeros venezolanos. Sin embargo, en aras de atención al interés superior del niño, así como de las personas vulnerables se exceptuó de tal exigencia a aquellas personas con discapacidad, niños, madres gestantes y otros con especial consideración por su situación.

A pesar de los esfuerzos del sistema peruano para integrar u organizar la migración venezolana en territorio nacional ante la gran afluencia de extranjeros del vecino país, hemos visto repetirse diversas situaciones que afectan el orden interno, hasta en algunas ocasiones varios de nuestros servicios han colapsado.

Según el Vigésimo primer informe anual de la Defensoría del Pueblo, se pone de conocimiento que diversas entidades privadas y públicas, no reconocen el PTP como un documento de identificación valido, por lo cual los migrantes no pueden acceder a servicios básicos. En la misma línea, tenemos el caso de un ciudadano venezolano que se encontraba en situación de salud crítica, a quien se le impidió incorporar al SIS[10] al encontrase en situación migratoria irregular, lo cual no le permitía seguir con su tratamiento[11]. Razón por la cual la Defensoría del Pueblo intervinó, a efectos de gestionar una calidad migratoria especial a su favor, expidiendo, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones un carné de extranjería que le permitiera incorporarse al SIS. Y en esa línea, existen diversos casos de personas venezolanas que, al igual que nuestros connacionales, requieren de atención médica inmediata atendiendo a las diversas enfermedades que pueden presentar. Presentándose incluso, casos de atención urgente, por tratarse de VIH.

En el caso del Departamento de Tumbes se puede observar un incremento de  la inmigración de ciudadanos venezolanos, que llegó a la cifra récord el 11 de agosto de más de 5.100 atendidos por el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Tumbes, sobrepasando los niveles de respuesta del Gobierno Regional, llegando a declarar en estado de Emergencia a tres distritos de dicho departamento por  alerta sanitaria por peligro de afectación a la salud y saneamiento[12]. Asimismo al no encontrar albergues, los venezolanos deben dormir en plazas y vías públicas, lo cual altera el orden interno de las ciudades. A nivel nacional, hasta agosto del presente año 385 mil venezolanos han ingresado al país, según información de Migraciones.

Otra situación sumamente preocupante la constituyen los niños y adolescentes, quienes están ingresando al país sin sus familias, -principalmente por la frontera de Tumbes-, así como aquellos que viajan con algún familiar pero no cuentan con las autorizaciones respectivas y otros documentos para el ingreso al país. Todo esto alerta a los diversos organismos del Estado, como son el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, la Defensoría del Pueblo, el INABIF, quienes han desplegado acciones para la protección de los menores y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad. Además, se debe atender a la educación de los mismos, ya que los niños que ingresan al país pierden el año escolar o no pueden seguir con sus estudios, evidentemente, por las carencias económicas que sufren. Lo cual también es atendido por el gobierno. En el caso de los profesionales que ingresan al país, deben regularizar sus títulos según los procedimientos establecidos por SUNEDU. Esto con el fin que encuentren mejores opciones laborales.

Casi todas las personas que ingresan se encuentran en una situación migratoria irregular, por eso son más propensas a ser forzados con fines de explotación laboral o sexual, especialmente las mujeres y niños, por diversas redes que operan a nivel nacional o internacional.

 Todo esto requiere de manera urgente un plan nacional en materia migratoria para poder salvaguardar los derechos de los ciudadanos peruanos y proteger adecuadamente a los extranjeros que ingresan evitando situaciones perjudiciales para todos.

 

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[1] También denominado principio del “non refoulment”, “(…) es un principio que garantiza la protección de quienes sufren persecución o se hallan ante motivos fundados de ello; en consecuencia los Estados aplican la no devolución al país persecutor en todos los casos, independientemente del resultado de la solicitud de refugio.” Cit.  CACERES GUERRA, C.  Estudio jurídico del denominado derecho de asilo desde la perspectiva del derecho internacional. Tesis para optar al grado de licenciado en derecho. 2015. Disponible en el repositorio institucional de la Universidad de Piura. https://pirhua.udep.edu.pe/, p.52

[2] El estado promueve las medidas necesarias para la formalización de los extranjeros que deseen ingresar y permanecer en el territorio nacional. Favorece la regularización migratoria como acción permanente que facilita la protección de la persona humana y prevenga o corrija situaciones de vulneración o afectación a la dignidad humana, así como de sus derechos y facultades.

[3] Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.

[4] Ley del Asilo, Publicada el 12 de octubre del 2002.

[5] Ley N° 27891, publicada el 20 de diciembre, 2002.

[6] CACERES GUERRA, C.  Estudio jurídico del denominado derecho de asilo desde la perspectiva del derecho internacional. Piura, op. cit., pp. 50-51.

[7] Decreto Supremo N° 0007-2017-IN.

[8] LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO TEMPORAL DE PERMANENCIA PARA LAS PERSONAS DE NACIONALIDAD VENEZOLANA. Posteriormente se promulgó el Decreto Supremo N°023-2017-IN y mediante Decreto Supremo N°001-2018-IN se amplió el plazo de otorgamiento del PTP. A su vez modificados por el Decreto Supremo N° 007-2018-IN.

[9] Decreto Supremo N°001-2018-IN.

[10] Sistema Integral de Salud

[11] EXP. N° 1299-2017- OD Apurímac.

[12] Según Decreto Supremo N° 087-2018-PCM. Decreto Supremo que declara el estado de Emergencia en los distritos de Aguas Verdes y Zarumilla de la provincia de Zarumilla, y en el distrito de Tumbes de la provincia de Tumbes, del departamento de Tumbes por peligro eminente de afectación a la salud y saneamiento, ante incremento de la migración internacional proveniente del norte.

  • Jennifer Truyenque es miembro asociada de la revista y alumna del XII ciclo de la facultad de derecho.