Ita Ius Esto - Revista de Derecho integrada por alumnos de la Universidad de Piura

Sobre el delito de violencia y resistencia a la autoridad en el Perú.

Por: Eisen Jiménez Rivera

El pasado 01 de setiembre del 2015, entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 1194, que regula el Proceso Inmediato en casos de flagrancia delictiva. Fue expedido por el Poder Ejecutivo, en el marco de la delegación legislativa otorgada por el Congreso de la República, mediante Ley N° 30336 del 01 de julio del 2015.

Entre las novedades que trajo el mencionado dispositivo legal está la modificación de uno de los procesos especiales previstos en el Código Procesal Penal del 2004, el denominado Proceso Inmediato.

La medida tiene como finalidad la búsqueda de la celeridad procesal y, fundamentalmente, la eficacia de la persecución penal ante la creciente ola de inseguridad flageladora de nuestra sociedad. Sin embargo, la desacertada aplicación legalista de la norma ha permitido que, en algunos casos,  se haya procesado y condenado a ciudadanos sin mediar un efectivo juicio valorativo entre el supuesto normativo y el hecho contemplado en la globalidad de sus aspectos. El caso recurrente y que ha causado mayor preocupación ha sido la incoación del proceso inmediato por la comisión del delito de violencia contra la autoridad, regulado en el art. 367 del Código Penal. Por citar algunos ejemplos, tenemos los casos de la ciudadana Silvana Buscaglia y del empresario Chu Cerrato, en los que la  propia  configuración  del  supuesto  típico  es  bastante cuestionable. No obstante, ambos casos han sido sentenciados con la imposición de penas privativas de la libertad.

El problema se presenta cuando el ya citado art. 367 del CP prevé una pena privativa de la libertad para el delito de violencia contra la autoridad, en mi opinión,  desproporcionada y desprovista de una adecuada técnica legislativa. Veamos: el segundo parágrafo del art. 367 establece que “la pena privativa de libertad será  no menor de ocho ni mayor de doce años cuando el autor causa una lesión grave que haya podido prever y, cuando el hecho se realiza en contra de un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas […] en el ejercicio de sus funciones”.

El primer enunciado no parece presentar mayor dificultad a nivel interpretativo y en términos de proporcionalidad, pero sí el segundo, y es precisamente en este supuesto donde radica el problema central. No es proporcional y constitucional que la pena del  delito de violencia  contra la autoridad -particularmente policía-  que cause lesiones graves sea equiparable a la pena prevista para el delito de violencia  contra la autoridad que no cause lesiones, que genere faltas o lesiones simples, como ocurriría en el caso de configurarse la segunda agravante contemplada en nuestro Código.

Y es que, frente a ello, para evitar caer en arbitrariedades, primero tendríamos que preguntarnos sobre ¿cuál es la acción típica que configura la violencia contra la autoridad?, y, en segundo lugar, ¿cuál es el bien jurídico protegido por la norma? De manera que, solo respondiendo a estas cuestiones será posible determinar la proporcionalidad de la pena en función a la gravedad del hecho y al bien  jurídico penalmente  protegido, como  factores fundamentales del supuesto típico. Sobre este planteamiento regresaré más adelante.

Ahora, atendiendo al panorama expuesto, la Corte Suprema convocó el pasado 21 de agosto del 2015 al II Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario en materia penal, con la finalidad de establecer  lineamientos interpretativos  respecto a los delitos de atentado, violencia y resistencia a la autoridad; fruto del cual el 03 de agosto del presente, se publicó el Acuerdo Plenario Extraordinario N° 1-2016/CIJ-116, del que me ocuparé en lo que sigue de este cometido. El referido Acuerdo apunta a resolver el problema expuesto líneas arriba, es decir, apunta a fijar criterios sobre la configuración típica y la graduación de la pena en torno a la circunstancia agravante aplicable cuando el sujeto activo dirige su conducta contra un miembro de la Policía Nacional, en ejercicio de sus funciones.

Así las cosas, resulta pertinente que nuestros jueces hayan partido analizando la constitucionalidad de la norma, esto es, sometiéndola al filtro de proporcionalidad (juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto), para luego analizar la adecuación de la misma a los principios del Derecho penal, específicamente, al principio de lesividad, según el cual la pena precisa de un efectivo peligro o lesión de un bien jurídico para ser impuesta; con lo que, en efecto, se debe descartar aquella acción peligrosa o lesiva que no suponga un impacto lo suficientemente importante para justificar la intervención penal (FJ 15).

En este sentido, no podemos negar que el contexto en el que se introdujo la agravante en cuestión, tiene mucha justificación. Pues, se introdujo como respuesta político-criminal frente a los execrables hechos ocurridos en el marco del desalojo del mercado “La Parada”, donde se registraron graves atentados  contra la integridad de los efectivos policiales que ejecutaron el lanzamiento.

Como vemos, la agravante fue introducida para reprimir con mayor pena  a aquellos hechos que suponen una grave entidad lesiva, quedando descartadas aquellas afectaciones leves, precisamente por carecer de relevancia penal. De esto se desprende, volviendo a la primera de las cuestiones anteriormente planteadas, que no cualquier acto de violencia o de resistencia contra el efectivo policial puede configurar el supuesto típico, sino que solo aquellas agresiones especialmente dirigidas a obstaculizar el acto policial (reglamentado además), podrán ser susceptibles de calificarse como acciones típicas configuradoras del delito. Entonces, aquellas conductas como insultar, ofender o humillar, no pueden ser entendidas como conductas típicas porque no implican una verdadera lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido por la norma. A lo mucho calificarían como faltas.

Siguiendo esta línea de razonamiento, consideramos acertado que el Acuerdo Plenario haya precisado que el ámbito de aplicación del delito de violencia contra la autoridad, así como la agravante contemplada en el art. 367 del CP, debe operar de manera residual y subsidiaria a la eficacia de otros delitos dolosos que implican una mayor afectación a los bienes jurídicos como la vida, la salud o la libertad de los efectivos policiales (FJ 18). Es decir, solo abarcará a aquellos actos que mediante amenazas o agresiones físicas rechazan el ius imperium del Estado (FJ 19).

Por otra parte, en lo que concierne al bien jurídico protegido, el Acuerdo refiere -con acierto- que “el objeto de protección penal en los actos que constituyen delito de intimidación y violencia contra la autoridad policial, está constituido por el poder legítimo que ésta ostenta para el debido ejercicio de sus funciones ante terceros” (FJ 21). Al respecto, entiendo que el poder legítimo para el debido ejercicio de las funciones como bien jurídico protegido, encuentra su fundamento en tanto y en cuanto el policía  ejecute la intervención en el marco de un acto reglado. O sea, en el caso concreto, el policía debe conducirse dentro del marco que reglamenta y rige sus funciones; de lo contrario, el agente se estaría extralimitando y, según sea el caso, incluso podría configurarse el delito de abuso de autoridad. En consecuencia, únicamente cuando como resultado de una agresión, el efectivo policial sea impedido de ejercitar sus funciones debidamente amparadas en el reglamento, estaremos ante un acto constitutivo del delito de violencia contra la autoridad, capaz de ser sancionado con una pena privativa de la libertad no mayor de tres años, toda vez que dicha agresión no haya causado siquiera lesiones leves. Sin embargo, la sanción difiere cuando el agente haya causado dolosamente lesiones leves (no menor de tres ni mayor de seis años) o lesiones graves (no menor de seis ni mayor de doce años) (FJ 20).

Por lo expuesto, puedo concluir que el Acuerdo Plenario en cuestión ha brindado una certera pincelada de racionalidad jurídica a la norma, y ha constituido un plausible lineamiento que en adelante deberán seguir nuestros jueces para fundamentar adecuadamente sus decisiones judiciales; dejando de lado toda interpretación meramente formalista y toda tendencia sobrecriminalizadora, para dar cabida a un criterio constitucional y teleológico, garante de los derechos fundamentales.

Eisen Jiménez Rivera es estudiante de Derecho del cuarto año de la Universidad de Piura. Presidente del Taller de Derecho Penal – Campus Piura. 

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